Con un respaldo político transversal poco habitual, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad la denominada Ley Jacinta, una iniciativa que introduce cambios relevantes a la normativa de tránsito, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y asegurar que quienes conduzcan vehículos motorizados cuenten con las condiciones adecuadas para hacerlo.
La nueva legislación modifica la Ley de Tránsito y otros cuerpos legales, estableciendo mayores exigencias para la obtención y renovación de licencias de conducir, incorporando la obligación de declarar el estado de salud físico y psíquico del solicitante. Esta declaración tendrá carácter legal y su falsedad implicará la cancelación inmediata de la licencia, elevando los estándares de responsabilidad individual.
El reglamento que definirá las enfermedades o condiciones médicas incompatibles con la conducción deberá ser elaborado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, con la firma del Ministerio de Salud, dentro de un plazo máximo de doce meses desde la publicación de la ley.
La norma también incorpora nuevas medidas de protección para niños y niñas que se trasladan en motocicletas, fijando una edad mínima para su transporte, exigiendo posiciones seguras y prohibiendo prácticas que aumentan significativamente el riesgo de accidentes.
Otro de los ejes centrales de la ley es el fortalecimiento del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), cuyas coberturas por fallecimiento y lesiones se duplican, además de acortar los plazos de pago en casos de muerte, con el fin de entregar un apoyo más oportuno a las familias afectadas.
En el ámbito laboral, la Ley Jacinta introduce una modificación al Código del Trabajo, creando un fuero laboral temporal para madres y padres que enfrenten la pérdida de un hijo, otorgando una protección mínima en un momento de alta carga emocional.
La iniciativa lleva el nombre de Jacinta González Schnitzer, en memoria de una lactante que falleció en 2022 en un siniestro vial, caso que visibilizó las falencias del sistema y dio origen a un proyecto que aborda de manera integral aspectos de salud, seguridad, protección social y derechos laborales.
Con esta aprobación, el Congreso dio un paso significativo hacia una conducción más responsable y un enfoque preventivo de la seguridad vial, poniendo el énfasis en la protección de la vida y el bienestar de las personas.
