Un intenso debate legislativo se vivió en la Cámara Baja durante la jornada en que se selló el futuro de la seguridad escolar en el país. El Parlamento despachó formalmente a ley el proyecto de Escuelas Protegidas, una iniciativa que generó una marcada división de posturas entre los representantes de la Región de Tarapacá al momento de registrar sus votos en la Sala.
La votación de los legisladores locales dejó en evidencia las profundas diferencias políticas sobre cómo abordar la crisis de violencia en las aulas. Según consta en los registros de votación parlamentaria de la sesión ordinaria, los diputados Ximena Naranjo Pinto y Álvaro Jofré Cáceres votaron a favor de respaldar la propuesta, mientras que, en la vereda opuesta, el diputado Carlos Carvajal Gallardo votó en contra del articulado específico.
A nivel general, el detalle oficial del proceso quedó ratificado en el documento de la Cámara, donde se aprecia que la enmienda del Senado al artículo 5 del proyecto fue aprobada por un total de 105 votos a favor, frente a 45 votos en contra y apenas 1 abstención. El proyecto, correspondiente al boletín 18156-04, sorteó de esta manera su tercer trámite constitucional con un quórum simple.
DETALLE DE LA VOTACIÓN
La tramitación de la propuesta legal contemplaba 3 instancias de votación específicas en Sala, en donde el diputado Carlos Carvajal Gallardo votó dos de ellas en contra y una a favor.
Por la vereda del rechazo, la misma cartola oficial ratifica que el legislador regional votó en contra de la enmienda del Senado al artículo 5 que incorporaba un nuevo numeral 2 a dicho artículo, cuya votación separada fue solicitada por la diputada Daniela Serrano. Finalmente, el parlamentario votó en contra de las modificaciones generales incorporadas por el Senado en el proyecto de ley que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, con salvedad de los puntos separados.
Pese a figurar en el listado de rechazos de estas últimas enmiendas, el diputado Carlos Carvajal Gallardo matizó su postura en redes sociales manifestando que «acabamos de aprobar el proyecto de escuelas protegidas, algo que era muy necesario y que nuestra región de Tarapacá lo estaba necesitando». El parlamentario agregó además que «sabemos también que no es la solución definitiva» y que prontamente ingresará un nuevo proyecto enfocado en planes de prevención, programas de intervención y bienestar emocional para beneficio de las escuelas públicas del país.
En una postura completamente opuesta y de respaldo irrestricto a la agenda de seguridad en las aulas, las actas de la Cámara Baja confirmaron que los diputados Álvaro Jofré Cáceres y Ximena Naranjo Pinto votaron a favor en las 3 instancias de votación de manera consecutiva. Ambos parlamentarios oficialistas mantuvieron una línea uniforme alineada con el Ejecutivo para asegurar el rápido despacho de la totalidad de las enmiendas en discusión.
APOYOS Y RECHAZOS EN EL CONGRESO
El desglose completo de los respaldos quedó plasmado en la nómina oficial del archivo, lista donde se ratifican nominalmente las posturas favorables de los legisladores que apoyaron la estrategia del Ejecutivo. En paralelo, el grupo de parlamentarios que manifestó su rechazo total a las modificaciones quedó registrado de forma explícita.
La nueva normativa introduce cambios drásticos en la Ley General de Educación con un enfoque netamente preventivo para los colegios. Entre las facultades más comentadas de la ley se considera la revisión de bolsos, mochilas o pertenencias personales a los estudiantes de los distintos recintos del país.
Para evitar arbitrariedades, el texto legal visado por el Congreso incorporó estrictos protocolos de control escolar. La ministra de Educación, María Paz Arzola, detalló que «que ellos puedan estar en presencia de dos adultos, y que haya un acta», asegurando que esta medida responde directamente a las dudas legítimas que se habían instalado en el debate público.
La secretaria de Estado enfatizó que las herramientas entregadas buscan disuadir la comisión de delitos y frenar los hechos violentos que quitan la tranquilidad a las familias chilenas. La ministra de Educación, María Paz Arzola, subrayó que «se ha entendido la urgencia de poder legislar y dar más certezas y más herramientas a los establecimientos educativos».
FALTAS GRAVES Y EXCLUSIONES
Desde el Ministerio de Educación aclararon de forma tajante el verdadero alcance técnico que tendrá la normativa dentro de las aulas. Las autoridades ministeriales recalcaron que bajo ningún punto de vista esta ley regula la expulsión de estudiantes del sistema formal chileno.
El foco sancionatorio quedó establecido bajo parámetros de convivencia escolar interna muy específicos. La normativa consagra como falta grave a la convivencia el que alumnos interrumpan clases o efectúen de manera planificada actos cuya finalidad sea precisamente desestabilizar el normal desarrollo de las jornadas educativas.
