La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a su segundo trámite constitucional en el Senado el proyecto de ley que sanciona de forma más gravosa a quien destruya infraestructura penitenciaria o bienes en su interior. La iniciativa, que contó con 142 votos a favor y solo una abstención, busca frenar los daños materiales que ocurren durante motines o disturbios en un escenario delictual complejo.
Según informó la Cámara, el texto legal modifica el Código Penal para establecer penas de reclusión menor, que van desde los 541 días hasta los 5 años, además de multas que oscilan entre 11 y 20 UTM (aproximadamente entre $769.000 y $1.400.000) cuando el daño causado exceda las 40 UTM. Esta medida apunta directamente a proteger las instalaciones, dependencias y bienes muebles destinados a las funciones propias de los recintos carcelarios.
«La destrucción de estos espacios constituye una fractura al sistema de seguridad», se planteó durante el debate parlamentario, donde se destacó que estos actos no solo representan una pérdida económica, sino que agravan la precariedad al interior de las cárceles y aumentan el riesgo para los funcionarios de Gendarmería y la propia población penal.
El proyecto, impulsado originalmente por el diputado Cristián Araya, surgió tras los graves disturbios en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas). Ahora, en el Senado, se espera que se analice si estas sanciones son suficientes para actuar como un efecto disuasivo real frente a reos de alta peligrosidad, o si se requieren medidas complementarias de control interno y segregación según peligrosidad.
