La región de Tarapacá quedó en el centro de la polémica tras la publicación del Informe Final N° 421 de la Contraloría General de la República, el cual advierte irregularidades en la compra de terrenos en el marco del Plan de Emergencia Habitacional impulsado por el gobierno del presidente Gabriel Boric.
El documento revela que, pese a que la planificación del programa no contemplaba la necesidad de adquirir nuevos suelos en la región, sí se concretaron compras de terrenos, incluyendo 1,14 hectáreas, lo que genera cuestionamientos sobre la justificación técnica de estas operaciones.
COMPRAS SIN NECESIDAD Y POSIBLES SOBREPRECIOS
El informe establece que, entre 2022 y 2024, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) realizó adquisiciones de suelo sin contar con respaldos técnicos suficientes, en un contexto donde, en el caso de Tarapacá, no era necesario incorporar nuevos terrenos según el propio plan habitacional.
A esto se suma una grave falta de control sobre las tasaciones, ya que no existe evidencia de validación de los precios pagados, lo que impide asegurar que los valores se ajusten al mercado y abre la posibilidad de eventuales sobreprecios con recursos públicos.
No obstante, desde el propio ministerio se ha planteado como argumento que, si bien la meta regional estaría cubierta, existiría un déficit habitacional en comunas como Iquique, lo que habría motivado igualmente la compra de terrenos.
DESORDEN ADMINISTRATIVO Y VACÍOS NORMATIVOS
El informe también da cuenta de deficiencias en la gestión administrativa, indicando que el seguimiento de las adquisiciones se realizaba mediante planillas Excel con errores e información incompleta, afectando la trazabilidad de los recursos públicos.
Además, se detectó la ausencia de estudios técnicos clave, como informes geotécnicos, junto con la falta de un reglamento que regule de forma clara la compra de terrenos, lo que genera espacios de discrecionalidad en la toma de decisiones.
Ante la gravedad de los antecedentes, la Contraloría instruyó la apertura de un sumario administrativo, con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades y establecer medidas correctivas en la gestión del programa habitacional.
Revisa el informe aquí:
