La posible acusación constitucional contra la ministra de Salud, Ximena Aguilera, comenzó a tomar forma en el debate parlamentario tras una extensa sesión de la Comisión de Salud del Senado, donde senadores abordaron el caso ocurrido en el Hospital El Salvador, el manejo de listas de espera, la exposición de datos clínicos y las responsabilidades administrativas que podrían derivarse de los hechos.
Si bien durante la sesión se reiteró que no existe aún una acusación formal presentada, varios parlamentarios coincidieron en que el episodio generó un impacto público y político que amerita explicaciones claras, especialmente para resguardar la confianza en el sistema de salud y el cumplimiento de la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes.
EL DEBATE POR UNA EVENTUAL ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
Uno de los principales intervinientes fue el senador Gaona, quien reconoció que el tema de la acusación constitucional ha sido mencionado públicamente, aunque advirtió que aún no se ha materializado.
“Se habló incluso, algunos diputados, del tema del Ministerio Público y del tema de la acusación constitucional. A mí me parece que durante estos siete días ya se ha dicho bastante del tema”, señaló el parlamentario.
No obstante, el senador recalcó que el foco del debate no debe centrarse exclusivamente en la ministra, sino en los procedimientos administrativos y hospitalarios. “No estamos solicitando que venga la ministra ni que dé explicaciones de ningún tipo. La explicación la estamos pidiendo al director del hospital, para que explique su procedimiento y si eso se cumplió o no”, afirmó.
En esa línea, Gaona sostuvo que el objetivo de la comisión es conocer los antecedentes, más que fiscalizar o sancionar de manera anticipada. “Aquí no se trata de fiscalizar, aquí se trata de conocer y nada más. No vamos a acusar a nadie ni nada por el estilo”, enfatizó.
PREOCUPACIÓN POR LISTAS DE ESPERA Y TRANSPARENCIA
Durante la sesión, varios senadores coincidieron en que el caso expuso una sensibilidad extrema para la ciudadanía, particularmente en lo referido a las listas de espera, uno de los principales problemas del sistema público de salud.
El senador Castro advirtió que una eventual acusación constitucional debe evaluarse con cautela, considerando sus efectos institucionales. “Si eventualmente se aprobara una acusación constitucional, que nosotros ya nos pronunciamos acá en la comisión, me parece que no es prudente traer este tema nuevamente”, señaló.
Asimismo, se manifestó inquietud por el manejo comunicacional del caso y los tiempos de respuesta del Ministerio de Salud. Uno de los parlamentarios apuntó directamente a la demora en entregar explicaciones públicas. “El silencio juega en contra de la transparencia, siempre”, se indicó durante el debate.
LEY DE DEBERES Y DERECHOS DE LOS PACIENTES EN EL CENTRO DEL DEBATE
Otro punto transversal fue la eventual vulneración de la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, luego de que información sensible se difundiera públicamente. “Las fichas clínicas no son públicas y aparece todo. Ese hecho es muy grave y no se le ha puesto el foco respectivo”, advirtió un senador.
En este contexto, algunos parlamentarios defendieron la actuación de la ministra Aguilera, señalando que sus explicaciones resultaron razonables, aunque coincidieron en que el daño institucional ya estaba hecho. “A la ministra la hemos conocido durante estos años y me parece que su explicación es razonable”, se expresó en la comisión.
PRÓXIMOS PASOS: CITACIONES Y ACLARACIONES
Como conclusión, la Comisión de Salud acordó invitar al director del Hospital El Salvador y al director de FONASA, con el objetivo de esclarecer los procedimientos internos, despejar dudas sobre un eventual salto en la lista de espera y entregar certezas a la opinión pública. “Lo mínimo es que el director del hospital sea citado y que nos aclare algunas dudas”, planteó el senador Gaona.
Mientras tanto, la acusación constitucional contra la ministra Ximena Aguilera permanece como una posibilidad en evaluación, sin una decisión formal adoptada, pero instalada de lleno en la agenda política y parlamentaria.
