La Comisión de Educación del Senado aprobó este miércoles el proyecto de ley de solución a la deuda histórica docente y el proyecto de ley que fortalece la instalación y administración del Sistema de Educación Pública y los SLEP, que continúan en su segundo y primer trámite legislativo, respectivamente.
Esta comisión despachó esta semana tres iniciativas legales del Ministerio de Educación, consideramos además el proyecto de ley de modernización parvularia, que también fue aprobado y continúa en su segundo trámite constitucional.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó que la aprobación del proyecto de solución a la deuda histórica docente “viene a materializar el fin a una injusticia que se ha arrastrado por más de cuatro décadas y que va a beneficiar a 57 mil docentes. Esperamos que la tramitación exprés que hemos en esta Comisión nos permita sacar pronto este proyecto de ley para que iniciemos el procedimiento de pago a las y los profesores que les corresponde en 2025 y esto se pueda hacer en los plazos y en los tiempos que hemos acordado”.
La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, agradeció “la disposición de las y los legisladores para avanzar en estos proyectos de ley, y confiamos en que tendrán una tramitación expedita, para así poder abordar temas tan relevantes para nuestro país como el fortalecimiento de la educación pública y la deuda que se mantiene desde hace décadas con miles de docentes”.
Y la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, valoró “el compromiso del Congreso en el avance del proyecto de ley que moderniza la oferta en la Educación Parvularia. Esta iniciativa, que es parte de la Agenda Sala Cuna para Chile, cumple un rol fundamental en el fortalecimiento del sistema, permitiendo contar con más herramientas para mejorar la gestión y poder abordar de mejor manera los nuevos desafíos que se nos van presentando en el primer nivel educativo”.
Deuda histórica docente
Este proyecto de ley propone realizar un pago individual, por única vez, de $4,5 millones a cada docente afectado por este problema, partiendo por aquellos de mayor edad para continuar con los profesores de menor edad, sucesivamente.
La entrega de esta reparación a cada grupo se realizará en 2 cuotas iguales, la primera a pagarse en octubre del año correspondiente a cada grupo, y la segunda cuota en enero del año siguiente. Desde la aprobación de la ley, el universo total de docentes será cubierto en un plazo máximo de 6 años.
La ley beneficiará a más de 57 mil docentes afectados, que se encuentran en las bases de datos del Mineduc. Sin embargo, luego de la aprobación de la ley se abrirá un nuevo período para que otros docentes afectados que no estén en ese listado puedan presentar sus antecedentes. Además, el proyecto de ley considera la transmisibilidad en caso de que los titulares de la solución fallezcan luego de haber presentado sus antecedentes.
Fortalecimiento a la educación pública
Este proyecto de ley mejorará el traspaso de establecimientos a los SLEP; desarrollar capacidades administrativas, financieras y pedagógicas en estos servicios; potenciar su vinculación con las comunidades; entregarle nuevas atribuciones a la Dirección de Educación Pública (DEP); mejorar el acompañamiento; y reconocer el estatus de política de Estado al Sistema de Educación Pública.
Entre sus medidas, propone que los planes de transición sean universales, contemplando incluso sanciones, y ampliará de uno a dos años el plazo para el traspaso de establecimientos a los SLEP. Además, establece que la Dirección de Educación Pública (DEP) podrá prestar asistencia pedagógica, administrativa y financiera a los SLEP y transferirles recursos para infraestructura y equipamiento mediante resolución.
Modernización parvularia
Este proyecto de ley busca entregar herramientas para avanzar en la modernización del sector, por ejemplo, creando un registro de establecimientos y sostenedores de Educación Parvularia del país, de manera de contar con más información y poder planificar mejor la oferta educativa.
Otro aspecto relevante, es que busca prohibir expresamente la doble matrícula, permitiendo optimizar el uso de esta en la oferta pública, impactando en el acceso oportuno de niñas, niños y familias.
Además, establece un plan de cumplimiento del Reconocimiento Oficial, certificación a la que deben acceder las salas cuna y jardines infantiles que reciben aportes del Estado. Este plan se irá revisando cada tres años, de manera de acompañar a los sostenedores y apoyar la obtención de este estándar de calidad educativa.
