Una nueva controversia se instaló en el ámbito educacional luego de que la Superintendencia de Educación emitiera una circular que instruye a los establecimientos del país a incorporar un enfoque de género en sus reglamentos internos, particularmente en materias de convivencia y disciplina escolar.
La medida generó inmediatas reacciones en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde parlamentarios de distintos sectores cuestionaron tanto el contenido como la forma en que se implementó la instrucción, apuntando a una falta de diálogo previo con las comunidades educativas.
El documento establece que los colegios deben adecuar sus normas internas bajo criterios de no discriminación vinculados a la identidad y expresión de género, lo que, según sus detractores, constituye una definición adoptada por vía administrativa y no mediante un debate legislativo más amplio.
Desde la oposición, el diputado republicano Stephan Schubert afirmó que esta circular se suma a otras decisiones adoptadas en la etapa final del actual gobierno, las que —a su juicio— responden a una orientación ideológica específica. En esa línea, sostuvo que, ante la ausencia de respaldo legal o constitucional, el Ejecutivo estaría avanzando a través de resoluciones administrativas, especialmente en el ámbito educacional.
Una postura similar expresó el diputado UDI Sergio Bobadilla, quien acusó un intento de condicionar el sistema educativo a una agenda ideológica, advirtiendo que con ello se dejan de lado problemáticas urgentes que afectan a estudiantes y familias. El parlamentario recalcó que la educación debe resguardar la libertad de pensamiento y no transformarse en un espacio de imposición de visiones únicas.
Desde la Democracia Cristiana, el diputado Héctor Barría también manifestó reparos respecto al momento en que se dicta la circular, a pocos meses del cambio de gobierno. Si bien reconoció la relevancia de fomentar el respeto y la buena convivencia escolar, subrayó que estas definiciones requieren una mirada de Estado, diálogo amplio y un rol central de las familias, para evitar divisiones innecesarias.
En este contexto, la Comisión de Educación continuará revisando el alcance y la legalidad de la circular durante los próximos días. Desde el Congreso no descartan impulsar acciones para evaluar la medida, en medio de un debate que vuelve a tensionar la relación entre política pública, educación y convicciones sociales.
