Martín Lonza, Cristian Barra, Néstor Gabriel Jofré y Carolina Valdez calificaron como “grave e ilegal” la retención de recursos por parte del municipio, denunciando que errores administrativos mantienen facturas impagas desde noviembre pasado. Advierten que la falta de soluciones inmediatas no solo arriesga el sueldo de 50 trabajadores, sino que dejaría a Iquique sin servicios básicos en plena temporada turística.
Una postura implacable adoptó el Concejo Municipal de Iquique frente a la crítica situación que atraviesan los servicios higiénicos del borde costero. Liderados por los ediles Martín Lonza, Cristian Barra, Néstor Gabriel Jofré y Carolina Valdez, los fiscalizadores exigieron a la administración del alcalde Mauricio Soria la regularización inmediata de una deuda que ya alcanza los 138 millones de pesos con la empresa Aseinor SpA.
La molestia de los concejales radica en que, pese a que el servicio se ha seguido prestando en los diez puntos desde El Morro hasta Playa Brava, la Dirección de Control ha bloqueado los pagos de noviembre y diciembre de 2025 bajo argumentos que los ediles califican de «ilegales e improcedentes».
Concejales contra la «burocracia paralizante»
Para el concejal Martín Lonza, el escenario es de una gravedad extrema debido a la falta de sustento legal para congelar los fondos. «La unidad de control no puede retener pagos completos. El municipio puede aplicar multas y descontarlas, pero aquí se está asfixiando a una empresa que tiene facturas aceptadas por las unidades financieras. Eso es lo que tiene hoy en jaque el servicio», fustigó.
Por su parte, el bloque de concejales emitió un emplazamiento directo a la gestión municipal, señalando que la retención de recursos no es solo un problema contable, sino un acto de irresponsabilidad:
- Incertidumbre Laboral: Se está poniendo en riesgo el pago de sueldos de casi 50 operarios.
- Daño Turístico: El cierre de baños en sectores como Las Urracas daña la imagen de Iquique en plena temporada alta.
- Ilegalidad: Denuncian que se están aplicando exigencias técnicas que no estaban en las bases de licitación para justificar el no pago.
Un ultimátum por la salud pública
«No podemos permitir que por descoordinaciones internas o errores administrativos se arriesgue el funcionamiento del borde costero», reza la declaración de los concejales, quienes exigen que se transparente el estado real de la deuda y se resuelvan las apelaciones de la empresa de forma urgente.
La advertencia es clara: de no existir una solución administrativa antes del cierre de la semana, el borde costero enfrentará un cierre total de baños, lo que obligaría a declarar una emergencia sanitaria en la principal vitrina turística de la región. Para los concejales, la paciencia se agotó: «Aquí lo que corresponde es responsabilidad, legalidad y soluciones hoy».
