Una investigación de Fast Check reveló presuntas irregularidades en una licitación de Cenabast por más de $576 millones para la compra de colchones antiescaras, donde los certificados de calidad presentados por el proveedor no pudieron ser verificados. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para su investigación.
El negocio parecía rutinario. Una compra pública más, una licitación técnica, números fríos y documentos sellados, pero tras esa aparente normalidad, algo no cuadraba. Certificados que no existían, sellos de calidad que nadie pudo verificar y productos médicos destinados a pacientes vulnerables que hoy están bajo la lupa. Así se destapó una grave alerta en una licitación de Cenabast por más de $576 millones, cuyos antecedentes ya fueron derivados al Ministerio Público.
La investigación fue revelada por Fast Check, medio que accedió a informes oficiales y correos electrónicos clave que hoy sustentan las sospechas. En el centro del caso aparece la empresa Simil Express S.A., adjudicataria de una licitación para proveer colchones antiescaras, dispositivos médicos esenciales para prevenir lesiones por presión en pacientes postrados.
EL OFICIO QUE ENCENDIÓ LAS ALARMAS
La historia tomó un giro decisivo el 30 de septiembre de 2025, cuando el diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical) ingresó un oficio dirigido a la Contraloría, el Ministerio de Salud, Cenabast, el ISP, la Superintendencia de Salud y ChileCompra. El documento advertía presuntas irregularidades graves: certificados de calidad supuestamente adulterados, dudas sobre el origen real de los productos y eventuales incumplimientos técnicos que podrían afectar directamente la seguridad de pacientes.
No era una acusación menor. La licitación cuestionada —publicada en diciembre de 2023— exigía como requisito técnico la certificación ISO 13485:2016, estándar internacional que regula los sistemas de gestión de calidad en dispositivos médicos. Sin esa certificación, simplemente no se debería vender.
CERTIFICADOS QUE NO EXISTEN
Fast Check accedió a un intercambio de correos electrónicos revelador. En él, una consulta directa a la entidad certificadora francesa AFNOR terminó por desarmar la estructura documental presentada por la empresa. La respuesta fue categórica: el certificado no figuraba en sus registros oficiales.
El mismo ejercicio de verificación, realizado tanto por Fast Check como por el Observatorio ChileCompra, arrojó un resultado idéntico: “no fue posible comprobar la autenticidad” de los documentos presentados.
Pero el problema no se detuvo ahí.
Cuando Cenabast solicitó subsanar una observación técnica, Simil Express presentó un nuevo certificado, esta vez supuestamente emitido por TÜV Rheinland. Sin embargo, otro correo —al que también accedió Fast Check— volvió a derrumbar la defensa documental: la propia certificadora negó haber emitido ese documento, calificándolo derechamente como no auténtico.
UNA LICITACIÓN SIN COMPETENCIA REAL
El informe del Observatorio ChileCompra agregó un dato inquietante: Simil Express fue la única oferta declarada admisible en la licitación por 5.067 colchones antiescaras, luego que otras cinco propuestas fueran rechazadas. La adjudicación se concretó el 3 de junio de 2024, por un monto de $576.381.891 (IVA incluido).
La revisión posterior no logró validar ninguno de los certificados exigidos como requisito técnico esencial.
¿FRANCIA O CHINA?
A la controversia documental se sumó otra grieta: el origen de los productos. Según los antecedentes del oficio parlamentario, los colchones fueron presentados como de origen francés, pero existirían indicios de que en realidad habrían sido importados desde China, específicamente desde el proveedor Guangdong Yuehua.
La diferencia no es anecdótica. El origen está directamente ligado a la trazabilidad, los estándares técnicos y la seguridad del producto final.
MÁS CASOS, MISMO PATRÓN
Fast Check reveló que este no sería un hecho aislado. El Observatorio ChileCompra detectó irregularidades similares en otras licitaciones adjudicadas a la misma empresa, algunas de ellas correspondientes a procesos de 2022 y 2023, donde tampoco fue posible validar certificados ISO.
En total, según el informe, más de 9.200 colchones antiescaras habrían sido entregados al sistema público sin certificaciones válidas, por un monto que supera los $1.217 millones en recursos fiscales.
LOS ANTECEDENTES YA ESTÁN EN LA FISCALÍA
Frente a la gravedad de los hallazgos, ChileCompra remitió los antecedentes al Ministerio Público, al considerar que podrían configurarse eventuales irregularidades administrativas y penales. Paralelamente, se inició un procedimiento administrativo interno, actualmente en curso y bajo las reglas del debido proceso.
Cenabast, por su parte, sostuvo que las bases de licitación no obligan a verificar la autenticidad externa de los documentos, señalando que su actuar se rige por el principio de buena fe. Además, indicó que no existen reclamos formales desde establecimientos de salud por la calidad de los colchones entregados.
SILENCIO DEL PROVEEDOR
Fast Check intentó contactar a Simil Express S.A. mediante correos electrónicos y llamados telefónicos. No hubo respuesta hasta el cierre de la investigación.
UNA PREGUNTA QUE QUEDA ABIERTA
Más allá de las cifras, los certificados y los oficios, el caso deja una interrogante de fondo:
¿cuán robustos son los filtros del Estado cuando se trata de dispositivos médicos destinados a los pacientes más vulnerables?
Hoy, esa respuesta está en manos de la Fiscalía. Y el país observa.
