La Fiscalía de Frontera instalada en el complejo Chacalluta, en el límite entre Chile y Perú, informó que durante 2025 ha atendido 709 casos de ingreso irregular, una cifra que evidencia la presión migratoria en la zona norte. Más de la mitad de las personas registradas corresponden a niños, niñas y adolescentes (416 en total), quienes se encuentran en situación de movilidad y requieren atención especializada.
Del total atendido, 431 son mujeres, entre ellas 207 niñas y adolescentes, mientras que 278 son hombres, incluyendo 209 niños y adolescentes. La mayoría proviene de Venezuela (415 personas), seguidos por ciudadanos de Colombia, Ecuador y Chile, además de casos aislados de otras nacionalidades.
La unidad funcionó por primera vez en enero de 2024 y opera de manera permanente, 24 horas al día, los siete días de la semana, con el objetivo de reforzar la detección de delitos transnacionales y priorizar la asistencia a víctimas vulnerables, especialmente menores de edad.
El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, destacó que este trabajo se realiza mediante coordinación directa con el Ejército, Carabineros y la PDI. Según explicó, los casos detectados por personal militar en la frontera son derivados a las policías y posteriormente a la Fiscalía, donde equipos especializados evalúan posibles riesgos, como explotación o utilización de menores por parte de terceros.
Gracias a estas intervenciones, la Fiscalía inició cinco investigaciones penales por presunto tráfico de migrantes, que involucran a 25 víctimas. Todas se mantienen en tramitación, con diligencias activas para esclarecer responsabilidades.
Carrera subrayó que no todos los ingresos irregulares detectados en frontera derivan en intervención fiscal, sino únicamente aquellos en que hay presencia de niños, niñas o adolescentes, dado el riesgo de que sean utilizados por redes criminales para facilitar pasos no autorizados o para su explotación.
La Fiscalía reafirmó que continuará fortaleciendo su labor en la frontera norte, dada la relevancia de este punto como corredor de delitos transnacionales, entre ellos la trata de personas y el tráfico de migrantes.
