El operativo busca poner fin a una prolongada crisis habitacional y sanitaria en Arica, marcada por la presencia de asentamientos irregulares en una zona con antecedentes de contaminación por polimetales y condiciones de alta vulnerabilidad social.
Después de años de trabas políticas, legales y operativas, el Gobierno finalmente logró destrabar el esperado desalojo del polémico asentamiento de Cerro Chuño, en la ciudad de Arica, dando paso a un proceso que busca recuperar el territorio y enfrentar una crisis que mezcla delincuencia, vulnerabilidad social y contaminación histórica.
La medida —que había sido postergada en múltiples ocasiones— comenzó a tomar forma tras un giro institucional que permitió alinear a los organismos involucrados, especialmente en materia de vivienda y seguridad. Según reportes publicados por El Mostrador, el cambio de postura de autoridades clave permitió allanar el camino para ejecutar una intervención largamente demandada en la región.
Operativo por etapas y con fuerte despliegue de seguridad
El plan contempla un desalojo progresivo, ejecutado por etapas, con una fuerte presencia policial y fiscalización en terreno. Desde el Ministerio de Seguridad se confirmó que uno de los primeros pasos será identificar a personas con órdenes de detención vigentes dentro del sector, como parte de una estrategia para reducir riesgos durante el procedimiento.
Las autoridades han sido enfáticas en que el proceso no será inmediato ni improvisado. Por el contrario, se trata de una intervención compleja que combinará acciones de control del orden público con medidas sociales y sanitarias.
“Debemos avanzar porque responde a un mandato del Presidente”, señalaron desde el Ejecutivo, subrayando el carácter prioritario de la operación.
Reubicación de familias: el eje más sensible
Uno de los puntos más críticos del proceso será la relocalización de las familias que actualmente habitan el sector. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo ya inició coordinaciones para garantizar soluciones habitacionales, reconociendo la alta vulnerabilidad existente, especialmente en niños y adultos mayores.
De hecho, estimaciones oficiales apuntan a que cerca de mil menores podrían estar expuestos a condiciones de riesgo sanitario, lo que refuerza la urgencia de ejecutar el traslado de manera segura y planificada.
El desalojo estará condicionado a la capacidad del Estado para ofrecer alternativas concretas, incluyendo albergues temporales y soluciones definitivas, lo que ha sido exigido también por autoridades locales.
Un territorio marcado por la contaminación y el abandono
Cerro Chuño no es un asentamiento cualquiera. Se trata de uno de los símbolos más dramáticos del abandono estatal en Chile, debido a la presencia histórica de desechos tóxicos depositados en la zona desde la década de 1980.
El sector forma parte del denominado caso “polimetales”, donde miles de personas han estado expuestas a sustancias peligrosas como plomo, arsénico y mercurio, generando graves consecuencias para la salud de la población.
Esta realidad ha transformado el desalojo en una urgencia no solo habitacional, sino también sanitaria y ambiental.
Coordinación interministerial y presión política
El despliegue en Arica ha involucrado a diversas autoridades, incluyendo ministerios, gobierno regional y municipio, en un esfuerzo conjunto por avanzar en una solución integral.
Las reuniones en terreno han permitido definir aspectos clave como el catastro de familias, la demolición de viviendas y la disposición segura de residuos contaminantes, elementos fundamentales para evitar que el problema se perpetúe.
Al mismo tiempo, el proceso se da en medio de presión política y social, con crecientes demandas por recuperar espacios tomados y reforzar la presencia del Estado en zonas consideradas críticas.
El desafío: cerrar una herida histórica
El desalojo de Cerro Chuño no solo representa una operación urbana o policial. Es, para muchos, la posibilidad de cerrar uno de los capítulos más complejos de la historia reciente del norte del país.
Sin embargo, el éxito del proceso dependerá de su ejecución: garantizar derechos, evitar crisis humanitarias y asegurar que las soluciones ofrecidas sean sostenibles en el tiempo.
El desafío está en marcha. Y esta vez, aseguran desde el Gobierno, no hay vuelta atrás.
