El silencio tenso y las viviendas improvisadas marcan el paisaje actual de Cerro Chuño, un sector de Arica que intenta desprenderse del control criminal que ejercieron bandas como Los Gallegos y El Tren del Coro. Pese a que la música y el movimiento sugieren una calma aparente, los registros de violencia, torturas y homicidios mantienen a este campamento bajo una vigilancia constante por parte de las autoridades locales.
En un reportaje de Teletrece, se expuso cómo la magnitud de los crímenes ocurridos en este terreno quedó en evidencia con el hallazgo del cuerpo de Rafael Villamizar Lovera, un exmilitar venezolano de 40 años que fue encontrado enterrado en una maleta bajo una capa de cemento. Este hecho, ocurrido en una vivienda que funcionaba como centro de operaciones criminales, refleja el nivel de jerarquía y castigo que imponen estas estructuras a quienes no se alinean con sus reglas internas.
Respecto a la naturaleza de estos delitos y el control territorial de las bandas, el prefecto inspector José Contreras, jefe policial de la PDI Arica y Parinacota detalló que «el nivel de control, de responsabilidad y de jerarquía que tienen estas estructuras tiene que ver con que aquel que no cumple las reglas y aquel que no se alinea a la estructura criminal tiene que pagar las consecuencias de sus actos».
La realidad social de la toma es igual de compleja, con miles de familias que habitan un suelo contaminado por polimetales, sin acceso a luz ni agua potable. Muchos de sus residentes, mayoritariamente inmigrantes que ingresaron por pasos ilegales, confiesan haber pagado hasta dos millones de pesos por el «derecho» a ocupar estas casas hechizas, conviviendo con el temor constante de nuevos hallazgos, ya que la Fiscalía no descarta la presencia de más cadáveres sepultados bajo las construcciones.
Ante este escenario de vulnerabilidad y peligro, el Gobierno ya proyecta el fin del asentamiento mediante un plan de erradicación que incluye operativos de empadronamiento y control migratorio.
Sobre el plazo para concretar el desalojo definitivo de la zona, el delegado presidencial de Arica y Parinacota, Cristian Sayes enfatizó que «luego debe venir la etapa del desalojo y luego debemos hacer una demolición de todas las casas que corresponde aplicar, que es todo un polígono. En el 2027 ya no deberíamos ver casas en esta zona; vamos a trabajar fuertemente para lograrlo».
Aunque el plan de seguridad ya comenzó con la clausura de negocios y la detención de personas en operativos recientes, la incertidumbre reina entre los habitantes, quienes aseguran no tener recursos para arrendar en otros sectores. El éxito de esta operación determinará si la historia de sometimiento vinculada al crimen organizado logra finalmente cerrarse en la puerta norte del país.
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