El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, cerró la investigación por la fallida compra de la ex Clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, pues no lograron recabar antecedentes que apuntasen a algún delito cometido por la exalcaldesa Irací Hassler (PC).
La indagatoria, iniciada en 2023, buscaba determinar si hubo fraude al fisco o no, además de tráfico de influencias, pero finalmente se descartaron responsabilidades penales.
Según publicó La Tercera, la determinación fue tomada ya que se terminó el plazo de investigación, por lo que se solicitó una audiencia al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para discutir con los otros intervinientes dar por terminada la causa.
En detalle, el escrito sostiene que, “con fecha 26 de mayo de 2025 se cerró la investigación y encontrándome dentro de plazo legal, comunico a S.S. que he decidido no perseverar en el procedimiento, porque no se han podido reunir los antecedentes necesarios para proseguir con la persecución penal, por lo que pido a US. fijar audiencia para debatir sobre la decisión de no perseverar en el procedimiento”.
Cabe recordar que la investigación también involucró a la diputada Karol Cariola (PC), pero la causa se vio envuelta en controversias debido a filtraciones de conversaciones privadas entre la diputada y la exalcaldesa, en las que criticaban al presidente Gabriel Boric. Éstas llevaron a que el fiscal nacional, Ángel Valencia, removiera a Cooper de esa arista de la investigación.
Asimismo, Cooper ha estado en el centro de otra polémica relacionada con el Caso ProCultura, que indaga el presunto fraude al fisco y lavado de activos por parte de la fundación homónima.
CONTRAPARTE
El abogado querellante por el Partido Republicano, Sergio Rodríguez Oro, criticó la decisión adoptada por Cooper: “Es extremadamente grave. Implica una interpretación restrictiva del delito de fraude al fisco. No sólo se sanciona el engaño, sino que también la administración desleal del patrimonio público”.
“De aquí en adelante cobrarle al Fisco descaradamente caro y consentir en ello el funcionario público, ha dejado de ser delito. Se ha normalizado que gastar irresponsablemente el dinero fiscal es impune”, agregó.
