Este lunes, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un operativo en la residencia de la diputada comunista y presidenta de la Cámara Karol Cariola, en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias.
La diligencia fue ordenada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien dirige las indagatorias relacionadas con la fallida compra de la exclínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, cuando Irací Hassler ejercía como alcaldesa.
Mediante un comunicado, la Fiscalía Regional de Coquimbo confirmó que las acciones se realizaron en cumplimiento de resoluciones judiciales autorizadas por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
“La Fiscalía Regional de Coquimbo, en el marco de diligencias investigativas efectuadas durante la jornada de hoy y ante la solicitud de medios de prensa, informa que se ejecutaron y cumplieron resoluciones judiciales en la ciudad de Santiago, autorizadas por el Séptimo Juzgado de Garantía, con el objeto de recabar diversas evidencias para el esclarecimiento de hechos que pueden revestir carácter de delitos funcionarios, como presunto tráfico de influencias, en causa iniciada de oficio y que se deriva de otra causa penal conocida como “Sierra Bella”, dice parte del documento.
Dentro del procedimiento, cabe señalar que se recurrió a la incautación de especies electrónicas, entre ellas un notebook, un teléfono celular, y se efectuaron con total apego al debido proceso y respeto por las garantías constitucionales de las personas involucradas.
La investigación se encuentra abierta y en proceso de reunión de antecedentes.
CASO SIERRA BELLA
El Caso Sierra Bella se refiere a la fallida adquisición de la ex Clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, encabezada por la alcaldesa Irací Hassler, con el objetivo de establecer un centro de salud municipal.
La transacción, -pactada en $8.200 millones-, fue cuestionada debido a presuntos sobreprecios y posibles irregularidades en las tasaciones del inmueble.
Durante la investigación, surgieron sospechas de que las tasaciones fueron manipuladas para ajustar el precio al presupuesto municipal.
Declaraciones de testigos clave -publicados en medios nacionales-, revelaron que un alto funcionario de la municipalidad habría asegurado que podía “arreglar” las tasaciones para que coincidieran con el valor propuesto por los vendedores.
