La Fiscalía Regional de Los Lagos formalizó este viernes a tres abogados por su presunta participación en una red de coimas y lavado de activos que habría operado en el entorno judicial, en el marco del denominado caso “Muñeca Bielorrusa”, una investigación que podría salpicar a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.
Los imputados son Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco; Mario Vargas y Eduardo Lagos, todos acusados de gestionar sobornos y pagos ilícitos a cambio de influencias en procesos judiciales. El Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para los tres, argumentando que existen antecedentes suficientes que acreditan la existencia de una estructura de corrupción organizada con vínculos en distintos niveles del sistema judicial.
Durante la audiencia de formalización, el fiscal Marcos Muñoz reveló nuevos antecedentes que apuntan a una supuesta operación para borrar información comprometedora del celular de Vivanco antes de su incautación por parte del OS7 de Carabineros.
“Se recibió comunicaciones de una persona que se ofreció para eliminarle todos los antecedentes de su teléfono, cosa que así ocurrió”, afirmó el persecutor, agregando que, tras los peritajes, “mensajes no hay, fueron borrados”.
El fiscal detalló además que el abogado Mario Vargas realizó viajes a Buenos Aires, Argentina, que coincidieron en fechas y vuelos con los efectuados por Vivanco y su pareja, lo que —según la Fiscalía— podría dar cuenta de reuniones o coordinaciones fuera del país relacionadas con la investigación.
La indagatoria también detectó vínculos con el abogado Luis Hermosilla, imputado en el llamado caso Audio, donde se investiga el presunto pago de sobornos a funcionarios públicos y empresarios. En esa línea, se identificaron conversaciones entre Hermosilla y Verónica Sabaj, exfuncionaria del Poder Judicial, donde se hacía referencia a la estrecha relación entre Vargas y Vivanco.
“Súper cercano Mario Vargas a Vivanco, fueron juntos a Buenos Aires. Ella subió fotos a Instagram de ese viaje, están todos locos”, decía uno de los mensajes revisados por los investigadores.
De acuerdo con el Ministerio Público, el entramado del caso “Muñeca Bielorrusa” habría operado a través de gestiones judiciales irregulares, donde los abogados ofrecían o intermediaban pagos de coimas a jueces o funcionarios a cambio de resoluciones favorables, además de movimientos de dinero no declarados en cuentas personales y de terceros.
Aunque Ángela Vivanco no figura formalmente imputada, su nombre aparece mencionado de manera reiterada en los antecedentes recabados por la Fiscalía. Su eventual formalización dependerá de que un tribunal de alzada admita una querella de capítulos que formule cargos directos en su contra, ya que, al momento de los hechos, ejercía como ministra de la Corte Suprema, lo que le otorga un fuero judicial especial.
El fiscal Muñoz sostuvo que este caso “no es aislado”, sino que forma parte de una serie de investigaciones sobre corrupción y tráfico de influencias en el ámbito judicial, entre ellas las causas vinculadas a Luis Hermosilla y al caso Audio, que también revelaron presuntos pagos ilícitos a funcionarios públicos.
La audiencia de formalización se desarrolla ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde la Fiscalía busca establecer las rutas del dinero, las conexiones internacionales y el posible rol de Vivanco en las gestiones que habrían dado origen a los pagos investigados.
Con esta nueva arista, el caso “Muñeca Bielorrusa” se convierte en uno de los episodios más complejos y delicados en torno a la transparencia del Poder Judicial, abriendo nuevamente el debate sobre la influencia del dinero y las redes de poder dentro de los tribunales superiores de justicia.
