El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, criticó duramente la actuación del sistema judicial, educativo y de salud, y apuntó a responsabilidades compartidas tras la prolongada vulneración de derechos de un niño de 13 años por parte de su madrastra.
Una profunda crítica al funcionamiento de las instituciones del Estado realizó el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, tras conocerse el brutal caso de maltrato y explotación infantil que afectó a un niño de 13 años en la comuna de Iquique, región de Tarapacá. El menor fue víctima de una serie de abusos por parte de su madrastra, quien lo mantenía en condiciones infrahumanas desde noviembre de 2023.
El niño dormía en el patio, era obligado a realizar labores domésticas y fue privado de alimentos. En noviembre del año pasado, también fue retirado de su colegio. Estos antecedentes, a juicio del defensor, revelan un grave abandono institucional. “Hubo una serie de alertas previas que podían implicar un riesgo, y que el sistema educativo y de salud debieron detectar. Fallaron”, afirmó en entrevista con Canal 24 Horas.
El Ministerio Público imputó a la mujer el delito de homicidio frustrado en calidad de reiterado. Sin embargo, para Quesille el problema no es solo individual. “Estamos frente a un fenómeno que también tiene una arista de legitimación social. Hay una aceptación implícita de ciertas formas de violencia que es inaceptable”, señaló.
“RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS”
Uno de los puntos más cuestionados por la Defensoría fue la decisión del Tribunal de Familia de otorgar el cuidado personal a la madrastra, pese a que había una denuncia previa contra el padre por violencia intrafamiliar. “Esa decisión fue errónea. El sistema debió haber buscado un adulto significativo ajeno al conflicto, alguien capaz de cuidar y proteger al niño”, insistió Quesille.
El defensor subrayó que este caso es reflejo de una falta de coordinación entre instituciones. La inasistencia prolongada a clases, el aislamiento del menor y su desvinculación de los espacios de protección debieron activar mecanismos de alerta. “No se puede culpar solo al Poder Judicial. Aquí hay responsabilidades del sistema educativo, de salud, del Ministerio Público, de las policías y del Estado en su conjunto. También del mundo político, que no ha priorizado suficientemente la niñez”, concluyó.
Actualmente, el menor se encuentra bajo resguardo, pero el caso ha reabierto el debate sobre la capacidad real del Estado para prevenir y detectar vulneraciones graves a los derechos de niños, niñas y adolescentes.
