La justicia civil ordenó la prisión preventiva de cuatro exmilitares formalizados por apremios ilegítimos con resultado de muerte y lesiones en el marco de la instrucción militar en Putre, donde el conscripto Franco Vargas perdió la vida y otros reclutas sufrieron graves consecuencias físicas; uno de los imputados enfrentará arresto domiciliario.
La sala del Juzgado de Garantía de Arica fue escenario de uno de los capítulos judiciales más impactantes del último año: cuatro de los cinco exfuncionarios del Ejército sometidos a formalización por apremios ilegítimos y cuasidelito de homicidio quedaron en prisión preventiva, mientras el quinto imputado deberá cumplir arresto domiciliario total. Esta resolución, resultado de más de un año de peritajes, autopsias, testimonios y diligencias, marca un antes y un después en la búsqueda de responsabilidades por la trágica muerte del conscripto de 19 años, Franco Vargas, ocurrida durante una exigente marcha militar en Putre en abril de 2024.
Una audiencia maratónica y un fallo que sacudió certezas
La jornada comenzó temprano, con una audiencia que se extendió por horas y en la que el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, presentó los argumentos del Ministerio Público. Al término, Carrera expresó conformidad con el fallo, subrayando que el tribunal dio por acreditada la versión de la fiscalía respecto a los hechos y delitos imputados, y fijó un plazo de 120 días para la continuación de la investigación.
“Es el primer paso, no el final. Nuestro deber es llevar esto a juicio oral con todas las garantías y con todos los hechos robustamente establecidos”, enfatizó el fiscal, destacando el arduo trabajo investigativo que permitió llegar hasta esta fase.
El origen de una tragedia que estremeció al país
El caso que hoy tiene a cinco exmilitares formalizados se originó el 27 de abril de 2024, cuando más de 200 conscriptos fueron obligados a marchar en condiciones extremas: 3.500 metros de altura, temperaturas bajo cero, vestimenta insuficiente y sin personal médico acompañando el trayecto, pese al deber normativo.
En ese escenario, el conscripto Franco Vargas se desplomó y murió. Otros jóvenes sufrieron lesiones graves y dos reclutas incluso resultaron con amputaciones.
Lo que inicialmente se presentó como un “accidente”, comenzó a desmoronarse con la segunda autopsia en 2024 y con el testimonio de conscriptos, denunciando castigos, falta de apoyo médico y presión psicológica.
Un proceso con hitos que reconfiguraron el tablero institucional
La muerte del joven recluta no solo conmovió al país, sino que fracturó principios institucionales y desencadenó cambios:
- La Corte Suprema determinó en junio de 2024 que el caso debía ser investigado por la justicia civil, desplazando la jurisdicción militar.
- Se activaron querellas del CDE e INDH.
- Se revelaron irregularidades documentales, lo que derivó en nuevas acciones legales por falsificación.
- El Ministerio de Defensa impulsó reformas a la instrucción militar y protocolos del Servicio Militar para 2025.
Además, la investigación incluyó una reconstitución de escena en noviembre de 2024, clave para reconstruir minuto a minuto lo ocurrido en la marcha de Pacollo.
Los cinco imputados, sus roles y los cargos que enfrentan
Los exfuncionarios, dados de baja e identificados como:
- Michael Fritz
- Claudio Guajardo
- Bjorn Wohllk
- Bastián Troncoso
- Manuel Zambrano
enfrentan cargos por:
- Apremios ilegítimos
- Lesiones graves y gravísimas
- Cuasidelito de homicidio
todo en calidad de autores.
La prisión preventiva dictada contra cuatro de ellos responde, según los argumentos del Ministerio Público, al riesgo de fuga, entorpecimiento de la investigación y gravedad de los delitos.
Un juicio que podría sentar precedente nacional
Este no es un caso aislado, ni un expediente más en tribunales.
Es un proceso que expone la fragilidad institucional, las brechas en el Servicio Militar, la responsabilidad de mando y el trato hacia jóvenes conscriptos.
Abre la puerta a:
- sanciones penales inéditas
- reformas profundas en instrucción militar
- reparación para las víctimas
- reconocimiento público de errores
- revisión de protocolos y formación
Lo que está en juego no es solo determinar culpas: es evitar que la muerte de Franco Vargas y las mutilaciones sufridas por sus compañeros queden como un número más en la historia militar chilena.
Lo que viene ahora
Con la decisión judicial ya dictada:
- inicia el plazo de 120 días de investigación
- se preparan nuevas diligencias y testimonios
- las partes querellantes —CDE, INDH y familia del conscripto— intensificarán sus acciones
- se espera avanzar hacia juicio oral en 2026
El Caso Conscriptos no ha llegado al epílogo.
Ha entrado, apenas, en su capítulo más decisivo.
Un capítulo donde la justicia, la memoria y la responsabilidad estatal tendrán que enfrentar, sin marcha atrás, la muerte de un joven que juró servir a su país… y terminó siendo víctima de quienes debían protegerlo.
🟢 IMPORTANTE ACLARACIÓN
De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia judicial firme que determine su culpabilidad.
Esta nota aborda un proceso aún en desarrollo y no pretende prejuzgar los hechos ni el resultado final de las investigaciones.
