En la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, autoridades de Gendarmería reconocieron que la instalación de los inhibidores de señal telefónica prometidos para la cárcel de Alto Hospicio no será ejecutada por el actual Gobierno, pese a que durante años la medida fue anunciada como prioritaria para combatir las comunicaciones ilícitas desde el penal.
Durante la sesión, uno de los parlamentarios resumió el malestar acumulado: “Nos vienen prometiendo los inhibidores de señales de celular para la cárcel de Alto Hospicio desde hace años, todos dijeron que este año iba a estar”. Sin embargo, la presentación oficial dejó en evidencia que la fase correspondiente a Tarapacá no está financiada ni programada para concluir en este periodo administrativo.
El director nacional de Gendarmería confirmó que la instalación en diversos recintos avanza por etapas, pero que el tramo que incluye Alto Hospicio quedó fuera del alcance de esta administración. En la misma línea, se señaló ante la comisión que “este Gobierno ya no va a hacer lo que habían anunciado: Alto Hospicio no tendrá los inhibidores”.
El retraso genera preocupación en la región, donde la población penal supera la capacidad instalada y las autoridades locales han advertido reiteradamente del uso de celulares para coordinar delitos. A ello se suma un escenario de incertidumbre administrativa: en la sesión también se detalló que el contrato de concesión del penal expira en enero de 2026, abriendo dudas sobre la continuidad operativa.
Según se expuso en la comisión, el Ministerio habría solicitado a la empresa a cargo mantener temporalmente la operación mientras se define el proceso futuro, pero sin claridad formal. Uno de los intervinientes sostuvo: “Le dijeron a la empresa: quédate unos meses más porque no queremos llamar a licitación; no sabemos qué va a pasar… no hay plata”. Incluso se mencionó que “el Gobierno le regaló seis meses más”, aunque esa ampliación —y una eventual extensión de 24 meses— no ha sido confirmada oficialmente.
La incertidumbre llevó a un duro diagnóstico político expuesto en la Comisión: “Si sale otro gobierno, le vamos a dejar el cacho de los inhibidores”. Para los parlamentarios, esta situación podría afectar seriamente la seguridad penitenciaria en Tarapacá, especialmente si no se asegura la continuidad de los servicios concesionados en paralelo a la ausencia de la tecnología prometida.
La Comisión continuará revisando el caso en una segunda sesión, donde se espera que Gendarmería y los ministerios involucrados detallen si existe —o no— un horizonte real para la implementación de los inhibidores en Alto Hospicio.
El siguiente cuadro se ejemplifica la situación de los inhibidores de señal en las cárceles chilenas bajo el gobierno de Boric, contrastando las acciones nacionales con la realidad y percepción en la Región de Tarapacá, específicamente en Alto Hospicio.
| Aspecto | Nivel Nacional | Región de Tarapacá |
|---|---|---|
| Acciones y Promesas de Gobierno | El gobierno ha instalado físicamente inhibidores en 3 cárceles principales de la RM y anunció la expansión a otras 9 a nivel nacional. La meta es cubrir el 80% de la población penal al fin del mandato. | Autoridades locales y nacionales (como el Seremi de Justicia, Pablo Valenzuela, y el ex Subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo) han visitado la región y anunciado planes para mejorar la seguridad, lo que incluiría a futuro la instalación de inhibidores en la cárcel de Alto Hospicio. |
| Realidad Operacional | Ha habido graves fallas operativas reportadas por la Contraloría y gendarmes, permitiendo a reclusos seguir usando teléfonos e internet. El gobierno argumenta que los bloqueos son selectivos y la tecnología es compleja, pero ha reconocido deficiencias. | La cárcel de Alto Hospicio opera actualmente sin inhibidores de señal operativos. Esto implica que las comunicaciones celulares no tienen barreras y las bandas criminales pueden seguir operando desde dentro. |
| Percepción Ciudadana y Críticas | La percepción nacional está marcada por el escepticismo y la frustración. Los videos de reclusos en redes sociales y los informes de fallas han generado un sentimiento de ineficacia y descontrol, alimentando la crítica de que las promesas no se han cumplido en la práctica. | La percepción en Tarapacá es de abandono y «zona de sacrificio». La ciudadanía y autoridades locales critican la falta de acción concreta y oportuna, sintiendo que la región queda rezagada en la implementación de medidas de seguridad, a pesar de enfrentar una grave crisis de crimen organizado. |
En definitiva, los hechos revelan que a nivel nacional el gobierno ha tomado acciones concretas (instalaciones), aunque su eficacia está fuertemente cuestionada. En contraste, para la Región de Tarapacá, las medidas concretas aún son inexistentes en la cárcel de Alto Hospicio, y la población local siente que las menciones de las autoridades no se traducen en la realidad que viven día a día.
QUÉ HA HECHO EL GOBIERNO DE BORIC RESPECTO A LOS INHIBIDORES DE SEÑAL
A nivel nacional, la administración de Gabriel Boric lanzó un plan para bloquear las señales telefónicas en cárceles como parte de su estrategia penitenciaria. A comienzos de 2024, el entonces ministro de Justicia, Luis Cordero, informó que se había iniciado la instalación de inhibidores en al menos tres recintos penitenciarios: la cárcel de máxima seguridad, Santiago 1 y la ex Penitenciaría, ubicados en la zona de Pedro Montt.
El objetivo declarado fue ambicioso: al cierre de su gobierno, cerca del 80% de las cárceles del país deberían contar con sistemas de inhibición de señal.
Sin embargo —y pese a esos anuncios— el balance reciente ha sido mixto. Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) detectó en 2025 graves fallas en el sistema de bloqueo implementado, documentando que muchos penales aún permiten a internos acceder a celulares o internet, a pesar de estar “con inhibidores”.
Ante esas denuncias, el actual ministro de Justicia, Jaime Gajardo, defendió el sistema señalando que “el sistema de inhibición está funcionando” y que el Estado continuará reforzando la vigilancia y coordinación con las policías para asegurar su eficacia.
