La Sala de la Cámara aprobó la Ley de Inteligencia, y es despachada a tercer trámite.
El objetivo central del proyecto es fortalecer la defensa de la soberanía nacional y la seguridad pública, mediante la modernización y adecuación del Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) a los nuevos requerimientos de la sociedad, y al actual contexto delictual, introduciendo cambios en su organización y funcionamiento.
El foco es promover la integridad y funcionalidad del sistema. En particular, se apunta a que la planificación y la toma de decisiones permitan enfrentar los riesgos y amenazas a la seguridad del Estado, el orden constitucional, la integridad territorial, la soberanía nacional y el ejercicio de las libertades y derechos de los ciudadanos.
Cabe señalar que, entre sus pilares, están la protección de la soberanía nacional, la seguridad pública y el bienestar de la ciudadanía. Asimismo, se espera que los actores involucrados actúen en este marco de manera preventiva, eficiente y coordinadamente ante amenazas externas e internas. De igual modo, que provean información esencial a las autoridades para la toma de decisiones en los escenarios que enfrenten.
El texto define los destinatarios del Sistema de Inteligencia: Presidente de la República y ministros de Estado. También establece su estructura, diferenciando entre sus integrantes plenos y los colaboradores. Junto a ello, se establecen instrumentos de planificación en la materia.
Asimismo, la iniciativa fortalece el funcionamiento del Comité de inteligencia de Estado (CIE): pasará a ser un órgano de carácter estratégico destinado a la planificación, coordinación y cooperación mutua del SIE.
También se crea un Consejo Interministerial de Inteligencia de Estado de carácter permanente y consultivo; se refuerza el control judicial sobre los procedimientos especiales de obtención de información en fuentes cerradas; fija un procedimiento para la clasificación de la información; y se incorpora un nuevo catálogo de delitos para sancionar el uso indebido de las disposiciones de esta ley.
Es importante recopilar los antecedentes para esta tramitación que considera que la propuesta se originó en un mensaje inició en el Senado en noviembre de 2018. Pasó a la Cámara en enero de 2020, derivándose a la Comisión de Defensa. Allí, el texto fue objeto de variadas enmiendas consensuadas entre las y los diputados con el Ejecutivo, siendo el último paquete ingresado en enero de 2025, previo a su despacho a Hacienda, el día 28 de ese mes. Finamente, dicha comisión despachó el texto en los mismos términos que la instancia previa, en marzo pasado.
SECRETARÌA EJECUTIVA Y ANI
El proyecto creaba la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado, que se terminó rechazando en las votaciones. Se proyectaba como un servicio público centralizado, de carácter técnico y especializado. Dentro de sus funciones estaba presentar reportes e informes de inteligencia y proponer modificaciones al Plan Estratégico de Inteligencia de Estado.
Por otra parte, la actual Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), a la que se le agregará la palabra “Civil”, se consolidará como un servicio público centralizado, técnico y especializado. Su enfoque será la producción de material multisectorial, orientada a enfrentar desafíos que afectan al país. Será reforzada con nuevas capacidades operativas y una Escuela de Inteligencia, que entregará cursos de capacitación y especialización en el área.
El mayor gasto fiscal estaba vinculado a la nueva Secretaría, que implicaba un costo total de más de tres mil 531 millones, el primer año; y más de dos mil 841 millones, el segundo.
A lo anterior, se agrega un aumento de la dotación de la ANI de 30 funcionarios, que sí se aprobó. Además, se contempla un incremento progresivo que permitirá totalizar una planilla de 355 funcionarios en cuatro años.
