Una polémica decisión del tribunal de Ovalle ha dejado en libertad a 23 personas ligadas a una banda narcotraficante que fue sorprendida con 1.600 kilos de marihuana y un arsenal de armas de alto calibre. Cada uno de los involucrados pagó una fianza de $2 millones, lo que ha generado una fuerte controversia en la opinión pública. La Fiscalía ha anunciado su intención de apelar esta resolución, pero la medida ya ha suscitado críticas sobre la lenidad del sistema judicial frente a delitos de esta magnitud.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, expresó su preocupación por la decisión del tribunal, señalando que «cada vez que hay estas decisiones, nosotros nos preocupamos, porque claramente estas personas son peligrosas». Tohá enfatizó que la prisión preventiva debería ser utilizada para sacar a individuos peligrosos de las calles y que decisiones como estas son difíciles de entender. «No hemos querido intervenir en la justicia, jamás condicionaremos la autonomía de jueces, pero como Gobierno no somos indiferentes, tenemos una opinión», añadió.
Este caso resalta una creciente inquietud en la ciudadanía sobre la eficacia del sistema judicial frente al narcotráfico y la violencia asociada. La situación sigue en desarrollo, con la Fiscalía a la espera de la resolución de su apelación.
