En fallo unánime la Segunda Sala del tribunal de alzada, revocó la resolución del Juzgado de Garantía de la ciudad de arraigo nacional y firma mensual e intensificó las medidas cautelares de ambos imputados, tras la apelación del ente persecutor y el Consejo de Defensa del Estado.
La Corte de Apelaciones de Arica decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional de dos imputados por el Ministerio Público como autores del delito de asociación ilícita y otros delitos del denominado Caso Bienes Nacionales.
Según detalla el fallo, “el mérito de los antecedentes, de los cuales se desprende que, en el presente caso, concurren todos y cada uno de los requisitos que señala el artículo 140 del Código Procesal Penal. Los dos primeros sustancialmente no han sido debatidos en la presente audiencia”.
También detalla, que “en cuanto al tercero, de lo expuesto por los intervinientes en estrado se desprende que los hechos imputados a los encartados son múltiples y graves, y tratándose de funcionarios públicos, uno de los cuales estaría actualmente en servicio, se hace necesario intensificar las medidas cautelares decretadas por la jueza que, estimándose que el arresto domiciliario total y el arraigo nacional, son necesarias y suficientes para asegurar los fines del procedimiento”.
De este modo continua el fallo: “se anula la resolución apelada, sólo en cuanto se modifican las medidas cautelares originalmente establecidas por la jueza de garantía respecto de los imputados, fijándose las ya señaladas previamente, esto es, arraigo nacional y arresto domiciliario total”.
Cabe señalar que según el ente persecutor, “diversos funcionarios de la Seremi de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota se organizaron para utilizar sus posiciones como funcionarios públicos de dicha institución para recibir sobornos de particulares a cambio de agilizar trámites, proporcionar información interna antes de la notificación oficial, entregar información interna reservada que en ningún caso sería proporcionada a terceros ajenos a la misma y manipular el proceso en beneficio de los particulares”.
En concreto, desde el año 2021 los imputados que laboraban en el servicio público junto a los coimputados consultores particulares se concertaron para actuar de manera organizada para lo cual cada uno cumplía funciones determinadas y contaban con roles y tareas definidas, con la finalidad de dedicarse de manera sistemática y permanente a obtener pagos ilícitos por parte de usuarios particulares de la Seremi de Bienes Nacionales, quienes requerían efectuar diversos trámites de bienes fiscales en este servicio, los que debían tramitar.
Además, se señaló que “la organización contaba con personas en la cima que cumplían los roles de líderes, recaudadores de dinero, otros que cumplían los roles de intermediarios y las personas ajenas al servicio público, además de personas externas que facilitaban los medios para recibir los pagos de dinero”.
La estructura, según la Fiscalía, contaba con cuatro líderes, un grupo de funcionarios que eran los brazos ejecutivos de la organización, además de otros que eran captadores.
