La mañana comenzó con banderas negras, pancartas y gritos de angustia frente a la Escuela Gabriela Mistral, en Iquique. Eran los apoderados del cuarto básico A, quienes desde las 7:45 de la mañana se manifestaban denunciando una situación que —según ellos— lleva meses sin respuesta: un alumno de apenas 10 años que ha protagonizado múltiples episodios de violencia contra compañeros, profesoras y asistentes del Programa de Integración Escolar (PIE).
Desde el lugar de la protesta, se informó en directo que los apoderados acusan una “inacción total” por parte de la dirección del colegio, de la Superintendencia de Educación y del Servicio Local de Educación Pública (SLEP). El curso completo decidió no enviar a los niños a clases hasta que exista una intervención real, relataron.
Una de las apoderadas y vocera del grupo explicó que las agresiones comenzaron desde el primer día de clases, en marzo. “Esto viene del primer día. El alumno golpeó con un portalápiz en el estómago a una de nuestras asistentes PIE”, relató. Agregó que los hechos se han repetido con el paso de los meses: “Empujó a una compañera de clases y la hizo caer sobre un macetero. Después, incluso, circularon fotos donde el niño aparecía colgado de cabeza en un arco del patio. Es una situación fuera de control”.
Según el testimonio de los apoderados, presentaron en septiembre una denuncia formal ante la Superintendencia de Educación, después de meses sin respuesta de la administración del colegio. “Nos cansamos de esperar. Pedimos reuniones, quisimos hablar con la directora, intentamos hacerlo junto al apoderado del niño, pero todo fue negación. En septiembre ingresamos la denuncia porque ya no podíamos seguir así”, afirmaron.
En la carta dirigida al organismo, los padres detallaron los episodios de violencia y la falta de intervención profesional. Incluso señalaron que existe un documento médico presentado por la madre del alumno, en el que una neuróloga recomienda que el niño asista a clases solo hasta el mediodía. “La madre jamás ha acatado eso”, denunciaron. “Ella deja al niño hasta la una o una y media. Además, trabaja en el mismo colegio, lo que ha complicado todo. No sabemos si el niño tiene tratamiento psicológico, si está medicado o no. Solo sabemos que sigue agrediendo”.
La situación ha generado miedo entre los niños y un profundo desgaste entre las familias. De los 35 alumnos del curso, apenas cinco asistieron esta semana a clases. “Nuestros hijos están atemorizados. Hay niños con epilepsia, con diagnósticos TEA, y no quieren ir al colegio. No los mandaremos hasta que intervenga un profesional, porque no hay garantías de seguridad”, advirtió una madre.
Durante la cobertura se destacó que esta crisis refleja la precariedad del sistema educativo en materia de inclusión y seguridad escolar. “No basta con tener una ley TEA si no hay personal especializado, ni fiscalización, ni protocolos reales. La convivencia en el aula debe ser protegida para todos”, se comentó al aire.
Mientras tanto, la comunidad escolar asegura que las autoridades del SLEP solo han sugerido “evacuar a los niños” en caso de crisis, medida que los apoderados califican de insuficiente. “Nos dicen que saquemos a los niños cuando él se desregula. Pero eso no es una solución, es un parche. Lo que necesitamos es una intervención profesional urgente”, insistieron.
La falta de respuestas ha desatado una crisis que hoy se extiende también al cuerpo docente. Horas después de la transmisión, una madre llamó de manera anónima a la emisora para contar el drama que vive su hija, una asistente del PIE que ha sido víctima directa de las agresiones. “Mi hija va todas las semanas a la Mutual porque este niño la golpea. La semana pasada le pegó con un palo. Está con psicólogo, no quiere ir a trabajar. Su salud mental está quebrada”, relató con voz entrecortada.
La mujer aseguró que su hija ha denunciado los hechos al SLEP y que incluso la Mutual de Seguridad ha tomado conocimiento de las reiteradas lesiones. “El médico ya la reconoce. Le dijo: ‘¿Otra vez usted aquí?’. Y es así, todas las semanas lo mismo. Nadie hace nada”, sostuvo. “Yo no sé qué esperan, ¿que mi hija renuncie o que pase algo peor? Esto viene desde marzo, y estamos en noviembre. No ha habido una sola medida concreta”.
La madre señaló que la dirección del colegio argumenta que no pueden expulsar al alumno porque su madre trabaja en el mismo establecimiento. “Ella trabaja ahí mismo, apoya el programa PIE en otro curso, y aun así no actúa. ¿Cómo puede ser que teniendo formación y conocimiento de lo que pasa, no intervenga?”, cuestionó.
Con evidente frustración, la mujer dijo que ha aconsejado a su hija pedir traslado, pero que esta se niega por responsabilidad hacia los niños que atiende. “Ella no se quiere cambiar porque no quiere dejar al alumno que tiene a su cargo. Le tiene cariño y teme que también sea agredido. Pero no puede seguir así. Llega llorando todos los días”, contó.
El caso, que ya fue denunciado ante la Superintendencia, vuelve a poner en el centro el debate sobre la falta de personal especializado en las aulas con niños neurodivergentes y sobre la ausencia de protocolos reales que garanticen la seguridad tanto de estudiantes como de los docentes.
“Esto es una tortura para todos. Los niños no quieren ir a clases, las profesoras están con licencia, y las autoridades solo miran. ¿De qué sirve una ley TEA si no se cumple?”, concluyó uno de los apoderados durante la manifestación.
Hasta el cierre de esta nota, ni el Servicio Local de Educación Pública de Iquique (SLEP) ni la dirección de la Escuela Gabriela Mistral han entregado una respuesta formal sobre el caso ni sobre las denuncias presentadas por la comunidad escolar.
