A pocos meses de que expire el plazo fijado por la Corte Suprema, las autoridades regionales comenzaron a preparar el catastro de familias que viven en la toma Alto Molle, paso decisivo para cumplir con la orden judicial que obliga al desalojo del terreno ocupado desde 2018 en Alto Hospicio.
El delegado presidencial regional de Tarapacá, Pedro Medalla, informó ante la Comisión de Desarrollo Social del Consejo Regional (Core) que el Gobierno está afinando los detalles del proceso de levantamiento de información, el cual permitirá dimensionar el número real de personas y viviendas afectadas por la medida.
La resolución del máximo tribunal, emitida en julio de 2025, ordenó el desalojo del lote Z2, propiedad de la Sociedad Educacional, Inmobiliaria y Comercial Belén Limitada, otorgando un plazo de seis meses para su cumplimiento. El fallo también instruyó al municipio y a los ministerios del Interior, Vivienda, Bienes Nacionales y Desarrollo Social a coordinar un plan de reubicación temporal y humanitaria para las más de 600 familias que residen en el lugar.
Durante la sesión, el delegado Medalla explicó que el catastro permitirá definir acciones concretas y focalizar la ayuda social, señalando que se busca cumplir el mandato judicial con responsabilidad y respeto por los derechos de los afectados. “Estamos trabajando para dar cumplimiento al fallo de la Suprema, resguardando la integridad y la dignidad de las familias”, afirmó.
El inicio de este catastro marca el primer avance tangible desde que se dictó la resolución judicial, luego de semanas de críticas por la aparente inacción de los organismos públicos. Vecinos del campamento y los propietarios del terreno habían denunciado falta de información y una “parálisis institucional” que mantenía el proceso en punto muerto.
Fuentes del Gobierno Regional indicaron que los equipos técnicos ya evalúan alternativas habitacionales transitorias, así como la logística necesaria para un eventual operativo de traslado, en caso de que el desalojo deba ejecutarse dentro del plazo fijado, que culmina en enero de 2026.
Con el catastro en marcha, el Estado comienza finalmente a mover los engranajes para materializar un fallo que no admite más dilaciones. Sin embargo, el desafío no solo será cumplir la orden judicial, sino hacerlo con una respuesta social que evite una nueva crisis humanitaria en el norte del país.
