Con más de 120 detectives desplegados y órdenes judiciales simultáneas en cuatro regiones del país, la Fiscalía golpeó las puertas del poder minero nacional. Equipos tecnológicos, documentos reservados y correos corporativos del más alto nivel fueron incautados en el marco de la investigación por el derrumbe que costó la vida a seis trabajadores en El Teniente.
El amanecer de este martes no fue uno más en la historia de la minería chilena. En un operativo inédito, la Fiscalía Regional de O’Higgins ejecutó allanamientos simultáneos en las oficinas de Codelco y del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) en las regiones de O’Higgins, Metropolitana, Antofagasta y Atacama, en busca de la verdad detrás de la tragedia del 31 de julio en la mina El Teniente, el corazón de la cuprífera estatal.
El fiscal Aquiles Cubillos, rostro visible de una investigación que ha remecido a la industria, encabezó personalmente las diligencias, acompañado por más de 120 detectives de la Policía de Investigaciones. La escena fue descrita como una operación quirúrgica: equipos de cibercrimen, peritos forenses y fiscales ingresando en simultáneo a las sedes corporativas, con órdenes precisas de incautar computadores, teléfonos, tablets y documentación clave.
Pero en la Casa Matriz de Codelco, en la calle Huérfanos, el ambiente se tornó tenso. Funcionarios policiales debieron saltar torniquetes para ingresar al edificio corporativo, una imagen que simbolizó —para muchos— el choque entre el poder del Estado y la estructura blindada de una de las empresas más emblemáticas del país.
Poco después, los agentes incautaron los dispositivos personales del presidente ejecutivo de Codelco, Máximo Pacheco, así como los del exgerente general, Andrés Music, ambos incluidos entre los 37 imputados por cuasidelito de homicidio en la causa.
“Se incautaron equipos tecnológicos, información digital y documentación relevante. Todo será analizado por el Laboratorio de Criminalística y Cibercrimen para establecer vínculos directos con el accidente que costó seis vidas”, explicó el subprefecto Juan Reyes Gutiérrez, jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua.
En la región de Atacama, las diligencias también apuntaron a exejecutivos de Codelco que ya no forman parte de la compañía. En todos los casos, los fiscales buscan determinar si hubo negligencia, omisión o alteración de protocolos de seguridad que pudieran haber desencadenado el colapso del yacimiento Andesita, donde un sismo de magnitud 4.2 provocó el derrumbe fatal a 37 kilómetros de Rancagua.
El silencio del cobre
El operativo marca un antes y un después en la historia judicial de la minería chilena. No se trata solo de un allanamiento: es una señal de que la justicia busca respuestas en los más altos niveles de la estructura estatal.
Desde Codelco, la respuesta fue inmediata, aunque contenida. En un comunicado, la empresa señaló que “continuará colaborando activamente con las autoridades”, asegurando que entregó todas las facilidades al personal policial durante las diligencias.
“La compañía seguirá facilitando las indagatorias y los procedimientos por las que sea requerida, en tanto avanza con las medidas de retorno seguro y progresivo en la División El Teniente”, expresaron desde la estatal.
Mientras tanto, en los pasillos del Ministerio Público, la sensación es de avance. El fiscal Cubillos confirmó que se levantaron correos electrónicos, informes técnicos y registros de sismicidad, elementos que podrían cambiar el curso de la investigación.
“Nuestro objetivo es determinar si se cumplieron los protocolos de seguridad, quiénes tomaron las decisiones y si existió responsabilidad penal en las muertes de los seis trabajadores”, declaró el fiscal.
Una herida abierta en el corazón minero del país
La tragedia del 31 de julio sigue pesando sobre El Teniente. Seis trabajadores perdieron la vida tras el derrumbe del sector Andesita, y con ellos, renació una vieja pregunta: ¿cuánto vale la vida frente al poder del cobre?
Mientras las faenas avanzan lentamente en su “retorno seguro”, la investigación judicial se abre paso entre correos cifrados, informes geológicos y decisiones ejecutivas. Por primera vez en décadas, el poder del cobre y el rigor de la justicia se encuentran cara a cara.
