Arica vive días críticos en seguridad: calles inseguras, cerros abandonados y cárceles colapsadas obligan al alcalde Orlando Vargas a pedir acción inmediata del gobierno central.
El pasado lunes, el alcalde Orlando Vargas llevó la voz de Arica al corazón del Senado, ante la Comisión de Seguridad Pública, en una intervención que no dejó dudas sobre la gravedad de la situación en la ciudad fronteriza. Frente a los parlamentarios, Vargas expuso un panorama preocupante: la inconclusa demolición del cerro Chuño, la sobrepoblación carcelaria en Acha y la falta de herramientas legales y recursos para que la municipalidad pueda actuar contra la delincuencia, configurando un cóctel de riesgos que amenaza la tranquilidad de los ariqueños.
“El gobierno debe entender que la seguridad no puede esperar”, advirtió Vargas, visiblemente preocupado. “Necesitamos recursos para contratar guardias municipales con experiencia, que puedan patrullar, prevenir delitos y garantizar que nuestros barrios no se conviertan en zonas de abandono y peligro”.
Actualmente, la municipalidad mantiene 150 guardias municipales financiados con fondos propios, cifra que el alcalde considera insuficiente frente al aumento de la criminalidad. “Si el Estado central nos apoyara, podríamos multiplicar la presencia de personal calificado en las calles. No es solo dinero, es seguridad para nuestras familias”, enfatizó ante los senadores.
Inseguridad que golpea a todos
Vargas denunció que Arica enfrenta problemas graves y múltiples: trata de personas, tráfico de drogas, presencia de la mosca de la fruta que afecta la producción agrícola y calles donde la ciudadanía ya no se siente segura. “No podemos permitir que la reducción de fondos nos deje indefensos. Cada peso invertido en seguridad es un paso hacia una ciudad más tranquila y menos vulnerable a la delincuencia”, subrayó.
El cerro Chuño, un emblema de abandono y peligro, fue otro de los focos de atención. La demolición parcial desde 2014 ha generado zonas de riesgo que se transforman en refugio de ilícitos. “Cada año que pasa sin intervenir, es un año en que nuestros vecinos viven con miedo”, advirtió el jefe comunal.
Cárcel de Acha: una bomba de tiempo
La situación en la cárcel de Acha es alarmante. Diseñada para 1.138 internos, actualmente alberga a 2.700, más del doble de su capacidad. Este hacinamiento, según Vargas, genera efectos colaterales en la seguridad de toda la ciudad: fugas, conflictos internos y presión sobre las fuerzas policiales locales. “Es imposible mantener control sin los recursos y planificación adecuados. Estamos al límite”, sostuvo.
Reclamo al Senado y al ministerio
Vargas no se guardó nada: solicitó que Hacienda destine fondos extraordinarios para seguridad municipal, criticando además la inversión estatal en áreas que, según él, podrían redirigirse a beneficios ciudadanos más tangibles. “Los 2.500 millones que se destinan a guardias podrían también invertirse en canchas, plazas y espacios para nuestros niños, mientras nosotros nos ocupamos de la seguridad de los ariqueños”, apuntó con firmeza.
Con un tono que mezcla alarma y urgencia, el alcalde cerró su exposición recordando a los senadores que Arica no puede esperar más: entre cerros abandonados, cárceles desbordadas y recursos limitados, la ciudad exige respuestas concretas y financiamiento inmediato para garantizar seguridad y calidad de vida a sus habitantes.
