Tras la difusión de un listado de jefes comunales notificados por el ente fiscalizador, el edil Orlando Vargas aclaró que completó el trámite obligatorio el pasado 13 de abril, mucho antes del vencimiento legal. La autoridad comunal lamentó la propagación de desinformación a través de plataformas digitales anónimas y defendió la probidad de su gestión.
Luego de que se difundiera información respecto a un duro apercibimiento de la Contraloría General de la República (CGR) dirigido a 15 alcaldes del país por supuestos retrasos en sus obligaciones administrativas, el jefe comunal de Arica, Orlando Vargas, salió a desmentir categóricamente las acusaciones de incumplimiento que circulaban en las plataformas digitales. La autoridad regional aseguró que su situación se encuentra bajo total regularidad y que los cuestionamientos responden a desinformación malintencionada.
La polémica se encendió tras conocerse que el ente fiscalizador había notificado a un listado de ediles a lo largo de Chile por no figurar con la actualización obligatoria de sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), arriesgando en primera instancia severas multas económicas de entre 5 y 50 UTM y, en escenarios más críticos, procesos que podrían derivar en la destitución del cargo. No obstante, Vargas aclaró de inmediato que su documentación civil fue procesada con bastante anticipación.
«Mi declaración está hecha mucho antes del plazo»
El alcalde de Arica fue enfático en señalar que el trámite obligatorio se realizó semanas antes de que se gatillara cualquier acción por parte del organismo contralor.
«Quiero decir que a veces la gente se mal informa por despreocupación. Mi declaración está hecha el día 13 de abril, mucho antes que se cumpliera el plazo y está arriba en la página de información del gobierno«, aclaró la máxima autoridad comunal.
Con evidente molestia ante los trascendidos, el edil arriqueño cuestionó el origen de las versiones de prensa y vecinales que ponían en duda su probidad administrativa: «Entonces no sé de dónde sacaron esta información que yo no había hecho mi declaración. Está hecha y se las puedo enviar a quien desee. Ya la subimos también a las redes para que vieran que este alcalde cumple».
Críticas a las difamaciones en redes sociales
El jefe comunal evitó profundizar en disputas políticas menores, pero dirigió sus dardos a la proliferación de perfiles digitales que difunden denuncias sin el debido contraste de los hechos. «No voy a entrar en detalle porque sabemos hoy día la cantidad de páginas anónimas y los millones de informantes anónimos que ha aceptado este Facebook que te pueden a ti dilapidar, difamar lo que ellos quieren en un segundo y nadie paga después los costos», fustigó Vargas.
Para dar por cerrada la controversia que alertó a la Región de Arica y Parinacota, el alcalde reiteró que el documento es público y puede ser auditado por cualquier ciudadano en los canales oficiales del Estado chileno: «Mi declaración está arriba en la página de Contraloría donde debe estar». Con este descargo, la administración de la municipalidad busca disipar el fantasma de las sanciones punitivas y reafirmar el compromiso de la gestión local con los estándares vigentes de transparencia y probidad en la función pública.
