Un contundente revés judicial sufrió un particular que buscaba una millonaria indemnización por parte del Estado chileno. El Quinto Juzgado Civil de Valparaíso rechazó una demanda de nulidad de derecho público interpuesta en contra del Servicio Nacional de Aduanas, tras descartar de forma tajante una falta de servicio de la institución fiscalizadora. La acción legal apuntaba a la incautación y posterior pérdida de un automóvil deportivo usado, el cual había ingresado originalmente al país en el año 2015 bajo una franquicia aduanera autorizada en Iquique.
La pugna en tribunales buscaba un millonario pago de 250 mil dólares por daño emergente y 100 millones de pesos por daño moral, argumentando que el servicio actuó de manera ilegal. Sin embargo, el tribunal civil concluyó que la actuación de la autoridad se ajustó a la normativa vigente, ratificando que el rechazo a la devolución del bien se fundó en normas expresas de la Ordenanza de Aduanas, por lo que no existió un funcionamiento defectuoso ni arbitrario por parte del organismo público.
FISCALIZACIÓN CLAVE EN LA TIERRA DE CAMPEONES Y PRESUNTO CONTRABANDO
El origen de este intrincado caso remonta a una fiscalización realizada en 2018, cuando el automóvil clásico fue detectado y retenido en el marco de una investigación penal por presuntos delitos de contrabando. La entidad fiscal justificó su proceder detallando que el vehículo deportivo de alto valor fue hallado en poder de un tercero totalmente distinto al beneficiario original de la partida 00.33 del Arancel Aduanero. Además, el servicio sumó el antecedente de que el verdadero titular de la franquicia residía fuera del país, lo que encendió las alertas por el incumplimiento del beneficio.
Frente a la negativa de restitución, el afectado interpuso recursos administrativos ante la Dirección Regional de Aduanas de Iquique, los cuales fueron completamente desestimados mediante el Ordinario N°108. La situación del vehículo clásico empeoró de forma definitiva luego de que el organismo reportara que el automóvil resultó completamente destruido en un incendio por desperfecto eléctrico en una bodega de almacenamiento en Placilla, hecho que la justicia calificó jurídicamente como un caso fortuito.
EL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL Y EL RESPALDO INSTITUCIONAL
Pese a que la defensa del particular argumentó que la investigación penal por contrabando había terminado con un sobreseimiento definitivo, el dictamen de la magistratura judicial desestimó que dicho escenario obligara al Estado a devolver la propiedad. El Quinto Juzgado Civil de Valparaíso precisó en su fallo que «la resolución penal puso término a la responsabilidad criminal, pero no alteró el régimen jurídico aplicable a la mercancía ni las facultades administrativas del Servicio Nacional de Aduanas».
De esta manera, la sentencia de primera instancia ratificó la legalidad de los actos dictados en la Región de Tarapacá y la zona central, validando las atribuciones que posee la ordenanza fiscal para perseguir eventuales infracciones y proteger los recursos fiscales. Con este dictamen, el fisco queda eximido de pagar las altas sumas solicitadas por el demandante, cerrando un complejo capítulo de controversia aduanera.
