En la última sesión de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile, el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, presentó los detalles de la propuesta del gobierno que busca actualizar la actual normativa del decreto de Ley N° 1939, sobre la adquisición, administración y disposición de bienes del Estado, con foco en la fijación de accesos a playas de mar, río y lagos.
Esta garantía de acceso libre a las zonas anteriormente señaladas, comenzó su tramitación en dicha comisión, para luego ser revisado en las respectivas sesiones de Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales.
Figueroa explicó que se busca actualizar y armonizar la actual normativa, con el fin que existan menos interpretaciones contrarias a derecho, y aplicar un procedimiento más claro y eficaz. En particular, «se propone modificar el artículo 13 del DL 1.939, de 1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, que establece normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado», manifestó el parlamentario.
Cabe señalar que la norma vigente rige desde hace 48 años, y se han fijado 76 accesos a playas en todo el territorio nacional. De ellos, veinte corresponden a la gestión del Presidente Gabriel Boric.
Entre los objetivos de la propuesta legal se cuentan:
- Incorporar cuerpos de agua como Bienes Nacionales de Uso Público susceptibles de fijación de un acceso libre.
- Incorporar la recreación, el deporte y la investigación científica entre los fines que pueden motivar un acceso.
- Establecer expresamente la competencia de los Juzgados de Policía Local para ordenar la reapertura de accesos cerrados u obstaculizados.
- Prohibir la fijación de accesos a través de áreas protegidas y recintos militares.
Asimismo, el proyecto establece que los propietarios de terrenos a orillas de playas de mar, río o lagos naturales o artificiales o sus respectivos cuerpos de agua, deberán facilitar el acceso gratuito. Esto, tanto para actividades como pesca, recreación, investigación o deporte, cuando no existan otras vías o caminos públicos de acceso.
Eso sí, la fijación de las correspondientes vías de acceso las efectuará el Delegado Presidencial Regional respectivo, a requerimiento del Ministerio de Bienes Nacionales. Ello, previa audiencia con los propietarios, arrendatarios o tenedores de los terrenos. En caso de no existir acuerdo, el Delegado determinará prudencialmente el acceso, evitando causar daños innecesarios a los afectados.
De esta decisión, se podrá reclamar al Juzgado de Letras competente, en un plazo de diez días desde la resolución.
La propuesta también agrega que la fiscalización corresponderá al Ministerio de Bienes Nacionales, entidad que propondrá el trazado y las condiciones técnicas.
Cabe destacar que, dentro de esta iniciativa, se indica que el propietario, arrendatario, tenedor u ocupante del terreno no podrá cerrar ni obstaculizar el acceso. En caso de contravenir la norma, el Juzgado de Policía Local ordenará su reapertura e impondrá una multa a beneficio fiscal de 10 a 100 unidades tributarias mensuales. Es decir, desde unos 689 mil a casi siete millones de pesos; multa que se duplicaría en caso de reincidencia.
