“La orden está firmada, el tiempo corre y nadie mueve un dedo”: incertidumbre total en la toma Alto Molle, donde el reloj avanza y el desalojo ordenado por la Corte Suprema sigue en el aire.
El polvo del desierto cubre los techos de lata y los pasillos improvisados del campamento Alto Molle, en Alto Hospicio, mientras el calendario avanza hacia una fecha clave: enero de 2026, el límite que fijó la Corte Suprema para ejecutar el desalojo de más de 600 familias que habitan en el lote Z2, un terreno de 18 hectáreas ocupado desde 2018.
Han pasado ya tres meses desde que comenzó a correr el plazo judicial, y aunque la orden del máximo tribunal está escrita con claridad, no hay ni catastro, ni planes, ni señales de acción.
El municipio, responsable de coordinar la salida junto a los ministerios del Interior, Vivienda, Bienes Nacionales y Desarrollo Social, no ha realizado el conteo de las personas que deberán abandonar el lugar.
Mientras tanto, los dueños del terreno denuncian silencio institucional, los vecinos viven entre la angustia y la desinformación, y las autoridades —según dicen unos y otros— no han movido ni una piedra.
Un fallo que duerme entre papeles
El 9 de julio, la Corte Suprema acogió el recurso de protección interpuesto por la Sociedad Educacional, Inmobiliaria, Comercial e Inversiones Belén Limitada, ordenando el desalojo del predio.
El fallo fue categórico: el municipio debía coordinar un plan de traslado digno y temporal para las familias y garantizar que, si se usaba fuerza pública, esta fuera “razonable y proporcional”.
Sin embargo, a tres meses de esa resolución, el escenario es de inmovilidad total. Ni las autoridades locales ni los ministerios involucrados han entregado un calendario de ejecución, ni existe claridad sobre dónde serán reubicadas las cientos de familias que hoy viven entre la precariedad y el miedo.
Voces desde el terreno: “Nos sentimos abandonados”
“Nos prometieron acompañamiento, pero no ha venido nadie. Nadie nos dice qué va a pasar ni cuándo”, relata Marcela, una de las vecinas que llegó a Alto Molle en 2019, huyendo de los arriendos imposibles de Iquique.
A su alrededor, las casas de madera y zinc se alzan sobre la pampa árida. Hay conexiones eléctricas irregulares, niños que juegan entre escombros y perros que custodian el terreno. “Vivimos al día —dice—, y ahora ni siquiera sabemos si mañana tendremos dónde dormir.”
Los vecinos se aferran a rumores: que el municipio pedirá prórroga, que habrá una mesa de trabajo, que los desalojos se suspenderán hasta nuevo aviso. Pero nada está confirmado, y el fantasma del desalojo se ha convertido en la sombra que domina las noches del campamento.
Los dueños exigen respuestas
En el otro extremo, los propietarios del terreno denuncian una “parálisis institucional inexplicable”.
“El fallo es claro, pero el Estado no ha hecho nada para cumplirlo”, señala el abogado Georgo Peftouloglou, representante de la sociedad dueña del terreno. Asegura que han solicitado reuniones formales mediante la Ley de Lobby con el municipio y otras autoridades, pero no han recibido respuesta alguna.
“Vamos a pedir a la Corte de Apelaciones de Iquique que oficie al municipio y a los ministerios para que informen qué gestiones se han hecho, porque hasta ahora no hay señales de cumplimiento”, advierte el abogado.
El tiempo corre… y la historia se repite
La situación recuerda a lo ocurrido en San Antonio y Quilpué, donde también existían fallos firmes de desalojo que jamás se ejecutaron. En Alto Hospicio, la historia amenaza con repetirse: el Estado que ordena, pero no actúa; los propietarios que esperan justicia, y cientos de familias que sobreviven en la incertidumbre.
El delegado presidencial de Tarapacá, Pedro Medalla, reconoció que “las coordinaciones están en marcha”, pero no detalló plazos ni avances concretos. “Debemos resguardar la integridad y los derechos de las familias afectadas”, se limitó a decir, sin ofrecer fechas ni medidas específicas.
Entre el desierto y el olvido
Mientras las instituciones intercambian oficios y declaraciones, el reloj judicial sigue su curso.
En enero vence el plazo fijado por la Corte Suprema, y si no hay avances, el fallo podría convertirse en otra promesa incumplida, mientras las familias permanecen donde mismo, entre la arena, el viento y la incertidumbre.
Al caer la tarde, los vecinos de Alto Molle miran el horizonte rojo de Hospicio. “Aquí no hay Estado, solo nosotros”, dice una mujer que prepara la cena con una cocina a gas prestada.
A tres meses del plazo fatal, el desalojo sigue siendo un fantasma: una orden que nadie ejecuta, una bomba de tiempo que nadie quiere detonar.
🧾 Resumen
- 🔹 Más de 600 familias ocupan ilegalmente un terreno de 18 hectáreas en Alto Hospicio desde 2018.
- 🔹 La Corte Suprema ordenó el desalojo en julio, otorgando seis meses de plazo (vence en enero de 2026).
- 🔹 El municipio aún no realiza el catastro ni presenta plan de reubicación.
- 🔹 Propietarios denuncian inacción total.
- 🔹 Ocupantes acusan abandono y temor a quedar en la calle.
- 🔹 Riesgo de que el fallo quede sin ejecutar, como en otros casos del país.
