La Contraloría General de la República ha reiterado el instructivo dirigido a todas las autoridades, funcionarios y entidades fiscalizadas del Estado, con el fin de resguardar el cumplimiento de las normas y principios que rigen la administración pública durante el período electoral que culminará con las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre de 2025.
El instructivo enfatiza la importancia de respetar el principio de prescindencia política, que obliga a los servidores públicos a abstenerse de utilizar recursos, plataformas o infraestructura institucional para fines proselitistas o de apoyo a candidaturas.
También destaca la prohibición de realizar actividades políticas en horario laboral, el uso indebido de bienes y recursos públicos para fines electorales, y la obligación de garantizar la igualdad en la organización de actos públicos y ceremonias.
La Contraloría establece medidas disciplinarias y sanciones para quienes incumplan estas normas, incluyendo la posibilidad de destitución y responsabilidades penales.
El instructivo también refuerza la prohibición de realizar aportes de campaña, usar bases de datos institucionales con fines políticos, y la necesidad de mantener la neutralidad en el uso de bienes, vehículos y recursos financieros del Estado.
