Durante este lunes, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar Brevis, dictó el primer procesamiento por adopciones ilegales cometidas entre las décadas de 1970 y 1990, en el marco de una red que operó en la ciudad de San Fernando.
Con ello, remitió una solicitud de extradición a la Corte Suprema para una de las imputadas, quien reside actualmente en Israel.
El magistrado, que describió a las mujeres víctimas como “madres niñas a la época de los hechos”, procesó y ordenó la prisión preventiva de cinco personas por asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa en la adopción irregular de dos menores de edad de la comuna de San Fernando, que fueron entregados a matrimonios extranjeros.
El ministro Aguilar Brevis encausó por el delito de asociación ilícita a la exjueza del Juzgado de Menores de San Fernando, Ivonne Gutiérrez Pavez, y a Ismael Moisés Espinoza León, Carlos Sigisfredo Vega Segura, Laura Rosa Silva Sánchez y Sylvia Clara Vilches Rojas.
En el caso de Gutiérrez Pavez, además fue sometida a proceso por dos delitos de sustracción de menores y prevaricación dolosa. Espinoza León, Vega Segura y Silva Sánchez, en tanto, también fueron procesados como autores de un delito de sustracción de menores.
Invocando el Convenio Europeo de Extradición, que entró en vigencia a partir del 1 de junio de 2025, el ministro Aguilar solicitó a Israel la extradición de la procesada, que reside en ese país.
Todo, en medio de tensiones diplomáticas que han ido escalando entre ambos gobiernos por la situación en Gaza.
“Debido a que del proceso consta el país y lugar en que se encuentra la inculpada Ivonne Gutiérrez Pavez en la actualidad – según el informe de la PDI, de fecha 28 de abril en curso (…) y habiendo la República de Chile suscrito el Convenio Europeo de Extradición, el cual incluye al Estado de Israel como Estado miembro, Convenio que entró en vigor el día 01 de junio del presente año en curso, lo que permite solicitar la extradición de inculpados entre Chile e Israel, este ministro, dispone que se eleven los antecedentes o compulsas a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia a fin de que ese tribunal declare si debe pedirse la extradición de la referida procesada al Gobierno del Estado de Israel, país en que actualmente se encuentra”, indica la resolución del ministro en visita.
Por su parte, Ismael Espinoza León, Carlos Vega Segura y Laura Silva Sánchez, fueron sometidos a proceso como autores de un delito de sustracción de menores.
INVESTIGACIÓN Y ANTECEDENTES
Según estableció la investigación, en los años 80 operó en San Fernando una organización compuesta por abogados, sacerdotes, funcionarios de salud, integrantes de organizaciones sociales y una jueza, dedicada a sustraer niños y niñas de madres de escasos recursos para entregarlos en adopción a parejas extranjeras, a cambio de sumas de hasta 50 mil dólares.
Uno de los casos considerados en la resolución corresponde a enero de 1983. Según detalla el fallo: “Se tiene por justificado que en el mes de enero de 1983, previamente concertados, y actuando por vías de hecho, Ivonne Gutiérrez Pávez, Ismael Espinoza León y Laura Silva Sánchez, se apropiaron de la niña de tres años de edad de nombre Andrea con el fin de venderla al extranjero”.
El texto señala que la niña fue recuperada por su madre días después, con ayuda de Carabineros, desde un recinto donde la mantenían. Sin embargo, en otro caso, sí se logró concretar la salida del país de un menor: “La jueza Ivonne Gutiérrez Pavez, titular del Juzgado de Menores de San Fernando, autorizó rauda y aceleradamente la salida del país del hijo de la madre víctima de nombre A.A.R.R., con destino Estados Unidos el día 12 de marzo de 1983”.
La organización, según el fallo, mantenía vínculos con oficinas en Santiago, ubicadas en San Antonio 385 y Moneda 1396, desde donde coordinaban adopciones con destino a Europa y Estados Unidos.
