Para las 8.30am de este lunes 12 de mayo está programada la audiencia de formalización de la diputada Catalina Pérez (ex FA).
La diputada, cuyo desafuero se concretó definitivamente el pasado 7 de abril, es objeto de una investigación por tres delitos de fraude al fisco en el caso Democracia Viva.
Se trata de la arista que dio origen al escándalo político denominado “Caso Convenios”, o “líos de platas”.
Fue precisamente el 16 de junio de 2023 que el medio Timeline reveló la existencia de un millonario convenio, – cuya correcta ejecución ha sido puesta en duda por la Fiscalía- , entre la seremi de Vivienda de Antofagasta, dirigida entonces por Carlos Contreras, y la fundación Democracia Viva, encabezada por Daniel Andrade.
Y es que ambos militantes de Revolución Democrática estaban relacionados con la parlamentaria: Andrade era su pareja y Contreras había sido su jefe de gabinete.
La parlamentaria ha reiterado en varias ocasiones su inocencia. Es más, el día de su desafuero negó haber cometido fraude contra el fisco, mientras que, por su parte, el fiscal del caso, Cristian Aguilar, ha acusado que la diputada y a su círculo de haber concretado una maquinación para acceder a recursos estatales “con fines políticos” a partir de la fundación que dirigía su pareja.
Dado los hechos, el pasado 30 de abril la legisladora se dio por notificada de la citación a la audiencia. Su abogado, Gonzalo Medina, reiteró que su representada ha colaborado con la indagatoria: “Desde antes de que se fijara fecha de audiencia de formalización, los abogados de la diputada Pérez se comunicaron con el fiscal para indicarle la total disposición de la diputada para comparecer personalmente a la audiencia de formalización, tal como ha sido su conducta durante toda esta investigación”.
Cabe señalar que la acusación apunta a que Pérez habría intervenido directamente en la firma de tres convenios entre la disuelta Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, los cuales, según la Fiscalía, fueron fraudulentos.
Junto a su expareja Daniel Andrade, el exjefe de gabinete Carlos Contreras y la exencargada territorial Paz Fuica, la diputada es acusada de colaborar activamente para que la fundación, que no cumplía con los requisitos legales, obtuviera recursos públicos destinados a la ejecución de obras.
