Esta mañana, el ministro de Economía, Nicolás Grau, confirmó que las cifras presentadas por el subsecretario de Pesca, Julio Salas, en la comisión mixta sobre el fraccionamiento pesquero, en relación con la captura de merluza común del año anterior, eran incorrectas.
Cabe recordar que la comisión mixta, – encargada de resolver las diferencias entre la Cámara y el Senado-, aprobó asignar un 52% de la cuota de la merluza común a la pesca artesanal y un 48% a la pesca industrial. La distribución de esta pesquería ha sido, durante toda la tramitación, uno de los puntos más controvertidos.
Ante el hecho, parlamentarios advirtieron que se trata de una situación «grave«, ya que se tomó una decisión a partir de una cifra errónea.
Es más, senadores y diputados de la región del Bío Bío, tanto de oposición, como del oficialismo, exigieron la renuncia de ambas autoridades, a sabiendas que el secretario de Estado admitió que Salas entregó antecedentes falsos.
Esto último, en medio de los cuestionamientos al Gobierno, luego que la empresa PacificBlu -que emplea a cerca de 3.200 trabajadores en la zona-, anunciara el cierre de sus operaciones tras aprobarse la reducción de la cuota de extracción de la merluza común para el sector industrial.
“Los juristas dirían: a confesión de parte, relevo de prueba. Cuando un ministro de Estado reconoce que se han enviado datos erróneos al Congreso para que luego los legisladores lo tomen como base para su decisión, esto causa efectos negativos, tan negativos como que las empresas tendrían que cerrar y dejar a 3.500 personas sin trabajo”, señaló el senador Gastón Saavedra.
En ese sentido, Saavedra calificó como inaceptable la falta de prolijidad, advirtiendo el impacto que este error puede tener en los trabajadores del sector pesquero. “Ambos deben irse, ambos debieran renunciar, debieran poner a disposición el cargo porque creo que eso es lo correcto”, afirmó.
Por su parte, el senador David Sandoval (UDI), calificó la situación como «gravísima» (…) «Tan gravísima que, tal cual como este propio Gobierno señalaba la ilegitimidad de la ley de pesca, la necesidad de darle sustento moral a la ley, aquí, basado en todos los problemas que están por todos conocidos respecto de la actual ley de pesca, lo que ha hecho el Gobierno lisa y llanamente ha sido prácticamente darle también ilegitimidad a una norma legal, porque pensamos todos que estamos hablando sobre informaciones objetivas y no sobre informaciones falsas, y esto evidentemente le resta absolutamente legitimidad».
Asimismo, el diputado UDI por la región del Bio Bío, Sergio Bobadilla, se sumó a los emplazamientos exigiendo al presidente Gabriel Boric la renuncia “inmediata” del subsecretario de Pesca, Julio Salas, tras los dichos del ministro Grau.
“El Presidente Gabriel Boric tiene la obligación y el deber moral de solicitar la renuncia del actual subsecretario de Pesca lo antes posible, porque con la información falsa que entregó durante la tramitación de este proyecto se tomaron decisiones que, tal como lo hemos visto, están generando consecuencias muy graves en la estabilidad laboral de nuestra región”, fustigó.
ANTECEDENTES DE LA VOTACIÓN
El pasado 07 de mayo, la Comisión Mixta aprobó asignar el 52% de la cuota de merluza común a la pesca artesanal, y el 48% al sector industrial.
El subsecretario de Pesca, Julio Salas aseguró que, “el ministerio de Hacienda nos acaba de proponer gravar las transferencias”, todo ello en referencia a los traspasos internacionales que se hacen de la cuota del jurel a empresas chilenas.
Respecto al fraccionamiento de la anchoveta y la sardina española en el área marítima comprendida por las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama y de Coquimbo, se aprobó la alternativa presentada por el Ejecutivo que establece un piso de un 55% para los artesanales (hasta el 85%) y un 45% (hasta el 15%) para los industriales usando la modalidad dinámica anual. También se respaldó que no se podrán hacer perforaciones en las cinco millas destinadas a la pesca artesanal.
En cuanto a la distribución de la pesquería de la merluza común en el área marítima comprendida entre las regiones de Coquimbo, de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O’Higgins, del Maule, de Ñuble, del Biobío, de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos, se registró un extenso debate luego que los diputados y senadores analizaran las implicancias que tendrían distintos porcentajes en la pesca artesanal e industrial, en particular en el empleo y la sustentabilidad del recurso.
