“ESTAMOS EN TRAMITACIÓN”: INSEGURIDAD Y MIGRACIÓN IRREGULAR AVANZAN MIENTRAS GOBIERNO ADMITE RETRASOS EN RECONDUCCIONES

La delegada presidencial de Tarapacá, Ivonne Donoso Olivares, reconoció que la aplicación del protocolo de reconducciones firmado entre Chile y Bolivia sigue en papeleo.
En conversación con Vilas Radio, durante el lanzamiento del programa “Mes del Mar 2025”, sostuvo que “nosotros estamos realizando hoy día un trabajo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de acuerdo al acuerdo que hay entre Chile y Bolivia respecto a materias de reconducciones. Efectivamente debemos dar justamente continuidad a lo que se nos ha mandatado y hoy día estamos en tramitación de algunos procedimientos que se han realizado en la gestión”, aludiendo a que aún están inconclusos algunos procedimientos.
Desde el sitio web del Gobierno el día del acuerdo destacaron que “gracias a esta firma, desde ahora, ambos países aplicarán en forma inmediata los procedimientos de reconducción en la frontera”.

En este marco, Luis Eduardo Thayer, el director nacional de Migraciones afirmó que desde el 28 de marzo se ha reconducido a todas las personas que han intentado ingresar al país de forma irregular a través de Bolivia.
“El proceso de reconducción de terceros países se inició, y las personas que hayan sido detectadas desde el 28 de marzo intentando ingresar irregularmente o dentro de los 10 kilómetros de la zona fronteriza están siendo reconducidas a Bolivia, ya sean bolivianas o extranjeras”, señaló Thayer a Radio Pauta.
PROTOCOLO DE RECONDUCCIÓN LIMITADO
Aunque el protocolo establece que Carabineros o el Ejército pueden interceptar a personas dentro de los primeros 10 kilómetros desde la frontera (una distancia no extensa en la práctica) y derivarlas a la PDI para su reconducción a Bolivia, en la realidad este procedimiento enfrenta importantes limitaciones.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, precisó en la firma del acuerdo que la reconducción a la policía boliviana solo procede si se cuenta con pruebas “razonables” de que la persona cruzó desde ese país; como boletas, pasajes o fotografías georreferenciadas. Sin embargo, obtener este tipo de evidencia en zonas remotas, donde el ingreso irregular suele darse por pasos no habilitados y sin dejar rastro documental, resulta altamente complejo.
En este contexto, la reconducción pierde efectividad como medida concreta y se convierte en una acción difícil de ejecutar, generando una falsa sensación de control fronterizo. A falta de pruebas, muchas personas no pueden ser devueltas y deben seguir otros procesos administrativos que prolongan su permanencia en el país.
CRECE LA SENSACIÓN DE INSEGURIDAD EN IQUIQUE
Mientras tanto, la región vive una creciente ola de inseguridad. Entre el 30 de abril y el 1 de mayo, un ciudadano colombiano que ingresó de manera irregular al país asesinó a dos personas: otro migrante en situación irregular y una adulta mayor chilena. El hecho conmocionó a Tarapacá y encendió nuevamente la alarma sobre el impacto de los flujos migratorios descontrolados.

Cabe señalar, que en la playa Bellavista, también personas (migrantes irregulares) se habían instalado en carpas, con menores de edad en situación de vulnerabilidad. A esto se suman múltiples reportes enviados por la comunidad a Vilas Radio, que dan cuenta de un nuevo grupo de migrantes con “mochila azul” (implementos humanitarios dados por organizaciones especialmente en pasos no autorizados) caminando por calles de distintas comunas.
En este marco, los datos del Censo 2024 resuenan en la región. Entre las cifras se arrojó que la población migrante en Chile alcanzó el 8,8% del total, impulsada especialmente por la llegada de personas venezolanas. En la región de Tarapacá, el fenómeno es aún más visible, por tener una macrofrontera.
CONTROVERSIAS EN BOLIVIA
El excanciller Ronald MacLean advirtió que Bolivia no está en condiciones de recibir a migrantes expulsados desde Chile, especialmente a los venezolanos. Señaló que el país atraviesa una profunda crisis económica, con falta de empleo y escasez de recursos, por lo que se preguntó cómo podrá hacerse cargo de esas personas. Cuestionó dónde serán alojadas, quién las mantendrá y qué apoyo recibirá Bolivia para asumir esa responsabilidad, considerando su actual fragilidad económica.
“Bolivia está en una crisis económica profunda. ¿Qué va a hacer con esa gente?, ¿dónde la va a poner?, ¿quién la va a mantener? Bolivia, que está sufriendo una crisis de empleo, una crisis de recursos, ¿todavía se va a hacer cargo de inmigrantes venezolanos y otros que vayan a Chile?”, planteó.