El Presidente Gabriel Boric presentó la noche del 28 de noviembre el Presupuesto 2025, con un aumento significativo en recursos para seguridad, salud y educación. Sin embargo, pese a los anuncios de inversión y las promesas de mayor eficiencia, persisten dudas sobre la capacidad del Estado para implementar estas medidas y atender las crecientes demandas sociales.
En seguridad, Boric destacó los más de 111 mil millones de pesos destinados al combate del crimen organizado y la incorporación de 1.543 nuevos funcionarios policiales. “Desde inicios de nuestro Gobierno hasta el 2025, habremos aumentado en un 12,6% el presupuesto de las policías”, aseguró. No obstante, críticos han señalado que la eficacia de estos recursos dependerá de la capacidad de las instituciones para usarlos de manera estratégica y transparente.
En el ámbito de la salud, el Mandatario prometió un aumento del 68% en los recursos para reducir las listas de espera, con el objetivo de realizar al menos 106 mil cirugías. Sin embargo, especialistas han advertido que, sin un fortalecimiento paralelo del personal médico y la infraestructura, el impacto de estas medidas podría ser limitado. Además, la implementación de la Ley TEA dependerá de que los nuevos equipos multidisciplinarios puedan operar en un sistema que ya enfrenta serias dificultades.
En educación, Boric resaltó el aumento de la Beca de Alimentación (BAES) a 48 mil pesos y mejoras en infraestructura escolar. Sin embargo, estas medidas han sido criticadas por sectores que consideran insuficiente el enfoque en la calidad educativa. “Se requieren políticas más ambiciosas para enfrentar las brechas estructurales en la educación pública”, han señalado expertos en la materia.
El programa Chile Cuida y el incremento del Royalty Minero fueron presentados como avances en equidad territorial. Sin embargo, alcaldes y gobiernos regionales han advertido que los recursos adicionales podrían no ser suficientes para enfrentar las necesidades acumuladas y los desafíos en gestión local.
En cuanto a emergencias, el aumento de un 30% en el presupuesto para Senapred y la modernización del sistema de alertas SAE fueron celebrados, pero organizaciones civiles han cuestionado la falta de un plan integral que abarque la prevención y la recuperación a largo plazo. “Chile sigue siendo reactivo ante los desastres naturales, y eso debe cambiar”, han indicado.
El Presupuesto 2025 refleja un intento por atender demandas urgentes, pero plantea interrogantes sobre la capacidad real de gestión e implementación. A pesar de los avances, las expectativas de la ciudadanía se mantienen altas, con un llamado al Gobierno a cumplir con lo prometido y superar los desafíos históricos en la administración pública.
