La Policía de Investigaciones (PDI) y su Brigada de Delitos Económicos están llevando a cabo una investigación por posibles irregularidades en el Gobierno Regional de Tarapacá (GORE). Esta pesquisa se inició tras una denuncia del concejal de Pozo Almonte, Eduardo Mamani Challapa, presentada en mayo de este año. En la denuncia, Mamani solicitó que se investigue al gobernador José Miguel Carvajal y a otros 11 funcionarios del GORE, además de miembros de la Fundación MARES y de dos empresas contratadas para proyectos del gobierno.
Uno de los proyectos en cuestión es “500 Cabildos Ciudadanos en Tarapacá”, que fue adjudicado a la Federación Regional de Uniones Comunales de Tarapacá y luego subcontratado a la empresa Isoingenio. La Contraloría General de la República señaló que Isoingenio recibió 120 millones de pesos para realizar estos cabildos sin haber entregado una metodología para su ejecución. Según el informe, el GORE no controló adecuadamente el proyecto, que terminó realizándose con menos participantes y sin la documentación necesaria para respaldar los resultados, lo que habría causado un perjuicio fiscal.
Otro de los proyectos investigados es “La Navidad Mágica de Tarapacá”, que fue ejecutado por la Fundación MARES, con un financiamiento de 184 millones de pesos. Esta fundación subcontrató a la empresa Audiovisual Wizard Limitada para desarrollar la actividad. Contraloría también detectó falta de fiscalización en este caso, ya que el GORE no verificó la experiencia o la capacidad operativa de la fundación. Además, se señaló un posible conflicto de interés, ya que el fiscalizador del proyecto tenía una relación personal con miembros de MARES, lo que comprometía su objetividad en la supervisión.
El proyecto “Cierre de Año 2022” también ha sido cuestionado. La denuncia indica que el GORE pagó 7,6 millones de pesos por servicios que no fueron utilizados, debido a la ausencia de 135 invitados. Esto elevó el costo total del evento a 31 millones de pesos, cinco veces más de lo aprobado por persona, generando un gasto innecesario, según la denuncia.
La investigación, que fue encargada por el Ministerio Público en junio, busca aclarar la posible existencia de delitos como fraude al fisco y malversación de fondos. Este proceso, liderado por la Fiscal Regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, también incluye la revisión de antecedentes en colaboración con la Contraloría y el Registro Civil, y el plazo para finalizar la pesquisa está fijado para diciembre de este año.
El Gobierno Regional de Tarapacá respondió afirmando que no ha recibido notificación oficial de una querella o investigación en su contra. En una declaración pública, señalaron que los informes de Contraloría no mencionan delitos específicos cometidos por el equipo del GORE y que, de haber sido así, habría sido la propia Contraloría la que debería haber enviado los antecedentes al Ministerio Público. Sin embargo, la investigación de la PDI sigue en marcha y podría aclarar estas denuncias.
