El informe de la Comisión Investigadora sobre la normativa aplicable al Servicio Militar determinó la existencia de distintas responsabilidades en diversas reparticiones del Estado y del Ejército de Chile en el caso del conscripto Franco Vargas.
La comisión, presidida por el diputado Luis Mella, tuvo como finalidad fiscalizar los actos del gobierno en relación al caso en el que Vargas, de 19 años, perdió la vida durante una marcha de instrucción en Putre. A su vez, indagó la hospitalización de otros soldados que participaron en el ejercicio militar.
“Tuvimos una serie de testimonios. Concluimos que, efectivamente, existió negligencia del Ejército, así como responsabilidades políticas y, por ello, hemos realizado recomendaciones en torno a protocolos de ejercicios militares en altitud, así como otros temas que tienen relación con la salud y la higiene”, indicó Mella.
TUTELA DEL ESTADO
El informe propone crear una comisión que entregue, en alguna medida, reparación a las personas afectadas, pues la investigación concluyó en que hubo negligencias frente a la situación médica de urgencia de afectó al soldado Vargas.
En esa misma línea, el texto afirma que el Estado de Chile tiene responsabilidad en el resguardo de quienes realizan el servicio militar y que la tardía aplicación del Protocolo de Minessota dejó en evidencia que los jóvenes sufrieron la vulneración de sus derechos.
Ahora, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados tiene que pronunciarse sobre el informe.
Fuente: Cámara de Diputados y Diputadas de Chile.
