Pese a haber ingresado por un paso irregular, el narcotraficante colombiano y narco soldado de “Los Gallegos”, Junior Suárez Hernández, fue sentenciado con la pena alternativa de cuatro años de libertad vigilada intensiva, tras ser acusado de tráfico ilícito de estupefacientes por el acopio de droga en cerro Chuño. Sin embargo, pasaron solo cinco días desde la notificación para que el imputado tomara sus cosas y se fuera de Chile por la puerta ancha: a través del aeropuerto Arturo Merino Benítez, de forma legal y regular, pasando por Policía Internacional sin levantar sospecha alguna, en un vuelo comercial.
En un juicio abreviado y reservado que se efectuó en enero, el ministerio Público acordó con la defensa de Junior Suárez separarlo de los 44 acusados que contenía la causa original que aún está tramitándose con “Los Gallegos”.
Así, Suárez tuvo un juicio breve y accedió a una pena menor. ¿Por qué? Pues no contaba con antecedentes penales previos y colaboró con la investigación.
¿QUÉ PASÓ?
La jueza de Garantía de Arica, Paulina Zúñiga, dictaminó que Junior Suárez fuese condenado por tráfico ilícito de estupefacientes, luego de acopiar droga en cerro Chuño durante el 2022, y que se le aplicara la sustitución de la pena, es decir, en vez de cumplir la condena en la cárcel, el sujeto lo haría bajo libertad vigilada intensiva, modalidad contemplada en la Ley N° 18.216, que establece ciertas penas como sustitutivas a aquellas restrictivas de libertad.
Todo esto, pese a que Suárez Hernández ingresó a Chile a través de un paso no habilitado, vivía en una toma sin un domicilio específico. Es más, durante su juicio indicó como morada la ubicación de la Defensoría Penal Pública.
LIBERTAD VIGILADA INTENSIVA
La norma establece en el artículo N°14 a la libertad vigilada intensiva como “la sujeción del condenado al cumplimiento de un programa de actividades orientado a su reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral, a través de una intervención individualizada y bajo la aplicación de ciertas condiciones especiales”.
Las condiciones impuestas por la jueza Zúñiga eran las siguientes: contacto permanente con una delegado de Gendarmería de Chile, domicilio fijo, realizar oficio o actividad y cumplir programas formativos laborales, culturales y relacionados con los efectos nocivos de la droga en la salud pública.
Así, una vez que salió del penal de La Serena, al que fue traslado por razones de seguridad desde Arica, Suárez Hernández tenía que presentarse en el Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile en Arica, lugar donde le entregarían un plan de intervención que debía ser cumplido de manera rigurosa.
Junior estaba al tanto de esto, pero incluso así decidió quebrantar la sentencia y no se presentó al Centro de Reinserción Social. La situación fue reportada por Gendarmería en abril y el 10 del mismo mes, la jueza Zúñiga despachó una orden de detención por incumplimiento, revocando así el beneficio de libertada vigilada intensiva.
FUGA POR AEROPUERTO
La Policía de Investigaciones (PDI) descubrió que Suárez no estaba en Chile, motivo por el que no completó su sentencia.
En un documento extendido por la PDI se indica que “se realizaron las consultas a la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional, donde se informó que la persona requerida mantiene como último registro: una salida del territorio nacional por la Avanzada Aeropuerto Arturo Merino Benítez, vía aérea, de fecha 20.ENE.024, con destino a Colombia”.
A su vez, la PDI visitó el #228 de calle Patricio Lynch en Arica, domicilio entregado por el condenado al tribunal, pero en el lugar se ubica una de las oficinas de la Defensoría Penal Pública.
JUEZA ZÚÑIGA
“Al tenor de los informes sociales ya referidos, los que dan cuenta de que en el caso que nos convoca los presupuestos del artículo 14 y siguientes de la Ley 18.216, se satisfacen en cuanto a los antecedentes personales, sociales, familiares de los sentenciados, que dan cuenta de un arraigo en este país”, declaró la jueza Zúñiga al momento de dictar la sentencia.
Para reafirmar su decisión indicó que existía una red de apoyo que permitía pronosticar que Suárez Hernández sería idóneo para cumplir la pena sustitutiva interpuesta.
INTERIOR APELÓ
El ministerio del Interior se opuso a la pena entregada por la jueza Zúñiga, pues actúan como querellantes en la causa de “Los Gallegos”. Esta cartera no reconoció el “arraigo” del que hablaba la magistrada, sin embargo, su apelación no contó con el apoyo del ministerio Público y la Sala integrada por Juana Ríos, presidenta del tribunal de alzada, y los ministros María Verónica Quiroz y Marco Flores, rechazó la apelación.
“En este sentido, debemos tener presente que la libertad vigilada, así como las demás penas sustitutivas, tienen por objeto tender a la reinserción social del condenado. Para tales efectos, se establece, entre otras condiciones, fijar un domicilio para quedar sometido al control del CRS. Sin embargo, el condenado Suárez Hernández, conforme a los antecedentes contenidos en la investigación, se encuentra en situación migratoria irregular”, expuso Interior.
Y agregó que con el otorgamiento de la libertad vigilada intensiva “se estaría regularizando de manera indirecta al extranjero irregular toda vez que estaría obligado a permanecer en el territorio nacional fijando un domicilio, por un tiempo determinado, lo cual estaría en contravención con las disposiciones especiales que rigen la materia, a saber, la Ley N° 21.325, que establecen una serie de requisitos para regularizar la permanencia en territorio nacional de los extranjeros, siendo uno de estos, que no haya ingreso al país por paso no habilitado y, por otra parte, con lo dispuesto en el artículo 50 del Decreto 296, que aprueba el reglamento de la citada Ley 21.325”.
¿QUIÉN ES JUNIOR?
Detenido durante un megaoperativo realizado en cerro Chuño, Junior se encontraba en una precaria vivienda de la población en junio de 2022, en compañía del dominicano Fernando Martínez, y junto a abundantes electrodomésticos en mal estado traídos desde el vertedero municipal.
“Según la acusación presentada, al interior del domicilio se encontró, debajo de un refrigerador, un paquete rectangular con 467,98 gramos de marihuana, cuya pureza era del 100%”, recopila El Mostrador.
Por tal motivo, la Fiscalía les imputó el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, estableciendo que ambos se dedicaban al acopio de la droga, la cual era comercializada posteriormente por la banda de “Los Gallegos”.
Su comportamiento no fue el mejor en su paso por la cárcel de La Serena, pues Junior Suárez Hernández fue sancionado en dos ocasiones por Gendarmería de Chile: en noviembre de 2022 fue sorprendido escalando hacia la techumbre del módulo de reclusión y en septiembre de 2023 fue sorprendido con seis armas blancas en su celda, 14 trozos de papel con números telefónicos y 20 hojas que hablaban sobre la Fiscalía de Arica.
