Tras recibir una denuncia del diputado Renzo Trisotti Martínez, la Contraloría General de la República ha resuelto realizar una investigación especial en la Delegación Regional de Tarapacá, la que se relaciona con la contratación, a través de un trato directo, de los servicios de alimentación entregados en el recinto transitorio migratorio de playa Lobito, durante el 16 de marzo al 12 septiembre de 2023.
Según señala el oficio de Contraloría, el servicio de alimentación fue contratado por la Delegación Presidencial de Tarapacá, pero contó con el financiamiento de dineros de la Subsecretaría del Interior.
«Presentamos un requerimiento en la Contraloría General de la República, para que se aclararan los millonarios recursos que fueron entregados que permitían financiar la alimentación de los migrantes que estaban en el centro migratorio de Lobito», indica el diputado Trisotti, además de especificar que fueron $751 millones los destinados a financiar seis meses de alimentación.
La autoridad continúa diciendo que «los resultados demuestran graves irregularidades en el funcionamiento en el desarrollo de esta contratación, existen diferencias en las raciones entregadas, donde hay algunas que no están acreditadas por parte de la delegación, que son casi 4 mil y que, incluso, se le deben al proveedor».
También señaló que no se cuenta con una boleta de garantía para asegurar el fiel cumplimiento del acuerdo «como se les exige a todos los tipos de contratación que realiza el Estado».
El mismo documento indica que el fin de esta investigación, por parte de la Contraloría, es contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.
“En tal sentido la revisión se enmarca en los ODS N°12 “Consumo y producción sostenibles”, meta 12.7, “Promover prácticas de licitación públicas que sean sostenibles, de conformidad con las policías y prioridades nacionales” y N°16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”, meta 16.6 “Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”, finaliza el documento.
