El Servicio de Migraciones y PDI entregó datos sobre la labor que realizaron en torno a este tema. Desde la comisión formularon sus inquietudes e instaron a los organismos a trabajar con mayor claridad y eficiencia.
La Comisión de Seguridad consiguió antecedentes sobre el informe de la Contraloría General, de 2023, que da cuenta de serias insuficiencias en el control de migraciones. En tal plano, abordaron los casos de extranjeros expulsados del país con prohibición de reingreso y que, no obstante, han vuelto al territorio nacional a través de pasos habilitados, entre otros puntos.
El director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, hizo un repaso de los temas planteados. En materia de debilidad del control de migraciones expresó que hay un protocolo de interoperabilidad que, por distintas razones, se fue dilatando.
La autoridad explicó que este ya fue suscrito con fecha 19 de abril por el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI, la Subsecretaría de Interior y el Ministerio de Justicia. Actualmente se encuentra en trámite de firma por parte de otros servicios.
En relación a la falta de integridad en la base de datos, comentó que había una planilla con 83 casos de expulsión del territorio nacional pero sin número de identificación. Es decir, se expulsó, pero “faltaba algún dato en la tabulación del expulsado”, lo que -posteriormente- fue corregido.
Señaló que están trabajando con el Servicio Nacional de Migraciones en actualizar el software y con Gendarmería en la articulación de determinadas acciones y comunicaciones para obtener datos precisos.
Cerna recalcó que “no es tal que hayan ingresado extranjeros con impedimentos para ello en Chile, y que es lo que más ha salido en la prensa, con alto foco de atención. Sí es un tema de software que tenemos que ver y ocuparnos”, finalizó.
Por su parte, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, sostuvo que hay un enlace cotidiano con la PDI. Así, junto a la institución policial coordinan los procedimientos de expulsión y también discuten temas de cambios normativos. Añadió que el trabajo conjunto es cotidiano, permanente y está en proceso de mejoras. “Estamos trabajando sobre la base de pasar de un formato más rudimentario, a través de planillas y documentos, a un sistema de interoperabilidad”.
El objetivo es “tener un mejor flujo, mayor eficiencia en el proceso administrativo para materializar las expulsiones, desde que ingresa la persona hasta que sale del país”, enfatizó.
Críticas a la falta de interoperabilidad
Durante las intervenciones en la sesión, el diputado José Meza (PREP) dijo que tanto la PDI como migraciones han hecho hincapié en la interoperabilidad. Sin embargo, “aquello es un sueño o existe a medias”. A su juicio, “el control fronterizo está en la edad de piedra”.
Renzo Trisotti (IND), a su vez, expresó que cuando se invita a las autoridades es para saber respuestas claras y concretas. Manifestó que cuesta entender que no haya un sistema de interoperabilidad.
Arturo Longton (RN) dijo que hay preocupación, falta de gestión y competencias para ejecutar. Se preguntó qué ocurre con las órdenes de expulsión y la coordinación entre el Servicio de Migraciones y la PDI.
En tanto, el diputado Rubén Darío Oyarzo (IND) preguntó si faltan funcionarios o recursos para abordar lo que ocurre. Una situación que hoy es el problema número uno, explicó, subrayando que sabe que no es fácil, pero en el que se debe avanzar.
Finalmente, Joanna Pérez (Demócratas) espera saber si se va a poner foco en la fiscalización. “De acá han salido leyes, pero no se implementan” explicó, recalcando que debe haber funcionarios para ello.
