Durante este martes, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Iquique condenó a Sergio Arturo Martínez Córdova a dos penas de 5 años y un día de presidio, en calidad de autor de los delitos de asociación ilícita y robo con violencia e intimidación. Ilícitos perpetrados entre noviembre 2017 y octubre de 2018.
El entidad dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en el marco de una investigación desarrollada por la Fiscalía Regional de Tarapacá y la Brianco de PDI se logró establecer la existencia de una organización criminal integrada por civiles y funcionarios de Carabineros, quienes de manera concertada, organizada y permanente, operaron, a lo menos, desde noviembre de 2017 y hasta octubre de 2018, con el propósito de ingresar de forma ilegal mercancía extranjera (cigarrillos) al país, su traslado y venta al interior de la región, como también, se dedican a interceptar vehículos motorizados con cargamentos de cigarrillos ilegales de contrabando de origen boliviano que son introducidos por pasos no habilitados los cuales son colindantes al Complejo Fronterizo de Colchane y alrededores, con la finalidad de apropiarse mediante la intimidación y/o violencia de la mercancía ilícita, para luego distribuirla y venderla en las comunas de Alto Hospicio e Iquique, obteniendo importantes ganancias que se reparten entre los integrantes de la asociación ilícita.
Para lograr su objetivo, la agrupación actuaba con dos ramas. La primera era liderada por Martínez Córdova, quien tenía el control, disposición, impartía órdenes y supervisaba a los miembros de la organización. En tanto, la segunda rama era liderada por el cabo segundo de Carabineros Roberto Riveros Salas, quien coordinaba a los policías que formaban parte de la asociación delictiva, quienes proveían a los líderes información acerca de turnos de garitas de control, advertir la presencia de unidades policiales e intervenir en la interceptación de vehículos con carga ilícita.
Riveros Salas fue condenado previamente a la pena 41 días de presidio, accesoria de suspensión de cargos y oficios públicos mientras dure la condena, por el delito de asociación ilícita; 541 días de presidio y multa de 25 UTM, como autor del delito consumado de cohecho, cometido entre 2017 y 2018, además a la accesoria de inhabilitación absoluta de ejercer cargos públicos por 7 años, suspensión de cargos y oficios públicos mientras dure la condena; 61 días de presidio, multa de 200 UTM, comiso de dos vehículos placa patente única JPGR-53 y LFDL-33, como autor del delito consumado de lavado de activos, y a la pena de 3 años y u día de presidio, accesoria de suspensión de cargos y oficios públicos mientras dure la condena, derechos políticos a perpetuidad como autor del delito consumado de robo con intimidación.
