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ESTE LUNES EMPEZÓ NUEVO JUICIO CONTRA NICOLÁS ZEPEDA POR CRIMEN DE NARUMI KUROSAKI

En primera instancia, el chileno había sido sentenciado a 28 años de cárcel por el asesinato y desaparición de la joven de nacionalidad japonesa. Sin embargo, su defensa apeló, ante lo cual la justicia determinó la realización de un segundo proceso.

La audiencia en el tribunal de Vesoul había estado programada para el 21 de febrero pasado, pero por distintos hechos, entre ellos, la renuncia de los abogados defensores de Zepeda, finalmente quedó establecido que el proceso comienza esta jornada. Se extendería hasta el 22 de diciembre.

También, se indicó que el abogado Sylvain Cormier asumirá la nueva representación del chileno.

El caso

Según la investigación, Zepeda cenó con Kurosaki la noche en la que se perdió el rastro de la mujer y ambos fueron grabados por una cámara entrando en la residencia de estudiantes donde vivía la japonesa, de donde unas horas después se vio salir solo al chileno.

La joven había llegado a la localidad francesa de Besanzón en el verano de 2016 para aprender francés en el marco de un acuerdo entre las universidades de Franco Condado y Tsukuba. Zepeda la había conocido en Japón en 2014.

Kurosaki desapareció el 4 de diciembre de 2016 y su cuerpo sigue sin ser encontrado.

Varios estudiantes declararon haber escuchado gritos esa última noche y un “sonido sordo”, como de golpes, pero ninguno llamó a la Policía. Zepeda volvió a Chile poco después y estuvo antes unos días con un primo en España.

Poco antes de la desaparición de Kurosaki, Zepeda compró un bidón con cinco litros de combustible y fósforos, lo que hace pensar que pudo premeditar la desaparición del cadáver, según informó en su momento un canal de televisión.

De acuerdo con la sentencia del primer juicio, tras el asesinato, Zepeda usó las redes sociales de la exnovia para mandar mensajes a sus allegados, haciéndose pasar por ella, para retrasar así el inicio de la búsqueda.

Fue extraditado a Francia en julio de 2020, luego que la Corte Suprema de Chile comprobó que existían “antecedentes con fundamento serio, cierto y grave” para acusarlo.

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