El próximo 21 de noviembre una nueva arista del caso “Cajas de Alimentos” se desarrollará en el Tribunal de Garantía de Iquique, dado que la Fiscalía solicitó formalizar a seis nuevas personas por fraude al Fisco.
El Fiscal Juan Zepeda, informó que “la investigación iniciada con ocasión de denuncia y querellas, conclusiones con informes de la Contraloría General de la República respecto al desarrollo del programa Alimentos para Chile en el contexto de la Pandemia por Covid, se ha desarrollado continuamente hasta el día de hoy y sin perjuicio de haber formalizado ya a nueve personas, entre ellas funcionarios públicos en diciembre de 2022, se ha presentado una solicitud ante el Tribunal de Garantía de Iquique, con la finalidad de reformalizar a dichas personas”.
Los mencionados por el fiscal corresponden al exintendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, Lorena Barrientos, Dimitri Díaz, Jorge Venegas, Ricardo Percic, Juan Carlos Ayala, Ximena Ciudad, Lilian Plaza y Jhonny Muñoz.
Además, Zepeda manifestó que “se formalizarán cargos a otras seis personas (Gabriel Díaz, María Luisa Lemus, Rodrigo Vega, Marcelo Sepúlveda, Gunther Ziller y la actual concejera regional Daniela Solari) por la responsabilidad que les cae en los ilícitos que se cometieron durante el desarrollo del programa. El tipo penal que se está investigando es fraude al Fisco, bajo el artículo 139 del Código Penal”.
FORMALIZACIÓN 2022
En diciembre del 2022 el exintendente Miguel Ángel Quezada fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Iquique, junto a su exjefa de gabinete, Lilian Plaza, el exjefe de Administración y Finanzas Jhonny Muñoz, y seis empresarios vinculados en el caso.
En aquella oportunidad, el tribunal manifestó que «a las personas que no son funcionarios públicos es aplicable el principio de la desproporcionalidad si el tribunal lo decretara, porque arriesgan penas no privativas de libertad, por lo que no se hace lugar a esa medida», dijo el juez de garantía.
Luego de 12 horas de audiencia, «el tribunal resolvió acoger la petición del Ministerio Público en el sentido de reconocer el delito de fraude al fisco, el cual habría sido cometido por estas nueve personas», pero “rechazó la petición de prisión preventiva».
El tribunal razonó que la máxima medida cautelar es desproporcionada, atendiendo que todos los imputados registraban una irreprochable conducta anterior, decretando el arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno para los tres principales imputados, y la firma mensual para los seis restantes y se fijó un plazo de 12 meses para la investigación.
