El Pleno de la Comisión Experta sostuvo una reunión con el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, oportunidad para conocer, siendo de competencia del Poder Judicial, que se debieran considerar en la nueva propuesta constitucional.
Así desde el máximo tribunal propusieron la creación de un órgano autónomo, de carácter nacional que se encargue del gobierno judicial, es decir, separarlo de la función jurisdiccional. Las atribuciones de este órgano serían la carrera funcionaria y evaluación del desempeño, el control disciplinario, la administración del presupuesto y la formación y capacitación de los jueces.
Por su parte, el ministro de la Corte Suprema Leopoldo Llanos puntualizó que para que este órgano no sea uno politizado, según recomendaciones internacionales, debe estar «constituido mayoritariamente por jueces elegidos por sus pares y que los miembros que representan a los otros órganos por el Estado sean designados por éstos, pero entre personas que tengan la idoneidad suficiente como para que no haya interferencia política».
La Suprema propone que dicho órgano esté integrado por miembros del Poder Judicial, pero también por otros órganos y poderes del Estado (como el Ejecutivo, Congreso, universidades y el Colegio de Abogados) y, si bien la mayoría de las y los comisionados coincide en que se debe separar al Gobierno del Poder Judicial de la función jurisdiccional, creen que se debe buscar una fórmula que evite la concentración, politización y corporativismo.
