Tras una indagatoria que arrancó en 2022 y sumó escuchas telefónicas, vigilancias y peritajes balísticos, la Fiscalía Local de Alto Hospicio logró acreditar la participación del acusado en la distribución de sustancias ilícitas en tres comunas de Tarapacá, además de la tenencia de una pistola adaptada para disparar.
Una investigación de largo aliento terminó con una dura sentencia en los tribunales de la región. Un hombre de nacionalidad chilena recibió penas que suman más de nueve años de presidio efectivo tras comprobarse que integraba una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas en distintos puntos de Tarapacá.
El fallo coronó el trabajo conjunto entre la Unidad de Drogas de la Fiscalía Local de Alto Hospicio y la agrupación Microtráfico Cero (MT-0) de la Policía de Investigaciones, equipos que le venían siguiendo la pista al imputado desde el año 2022.
Distribución entre el Tamarugal y la costa
Durante el juicio oral, el fiscal jefe de Alto Hospicio, Guillermo Arriaza, desplegó ante los jueces la evidencia reunida durante más de dos años de seguimiento. Las pruebas demostraron que el acusado recibía cargamentos directamente de manos del líder de la organización y de terceros para encargarse de su dosificación y venta al detalle.
Su radio de acción no se limitaba a un solo sector. Aunque su centro principal de operaciones estaba en la comuna de Pozo Almonte, el sujeto también movía droga hacia Iquique y Alto Hospicio, abasteciendo distintos puntos de venta en la provincia.
La violenta «quitada de droga» en una parcela
Las escuchas telefónicas y vigilancias policiales destaparon además un episodio de extrema violencia interna dentro del mundo delictual. Los antecedentes acreditaron que, durante 2023, el condenado ejecutó una «quitada de droga» en una parcela ubicada en Pozo Almonte.
En aquel asalto, el hombre intimidó y golpeó brutalmente al cuidador que custodiaba el recinto para sustraer la sustancia ilícita que mantenía almacenada el propio líder de la banda. Lejos de mantener un perfil bajo tras el atraco, las interceptaciones telefónicas revelaron que el sujeto presumía abiertamente de este golpe frente a terceros.
Allanamiento en Pozo Almonte y una pistola modificada
La caída definitiva del imputado ocurrió en mayo de 2024. Detectives de la PDI irrumpieron en su domicilio en Pozo Almonte mediante una orden de entrada y registro, logrando su detención en el lugar.
Al revisar el inmueble, los policías hallaron un elemento de alto poder de fuego: una pistola a fogueo calibre 9 milímetros, con su respectivo cargador, que presentaba modificaciones estructurales para disparar munición real. Un informe pericial balístico presentado en el juicio confirmó que el armamento estaba plenamente apto para funcionar como un arma de fuego convencional, cayendo bajo las sanciones de la Ley de Control de Armas.
El desglose de las tres condenas
El tribunal valoró tanto las pericias técnicas como los relatos de los detectives de la PDI y del funcionario de Carabineros que acogió la denuncia original por el violento robo en la parcela, logrando atar todos los cabos de la causa.
Con la culpabilidad acreditada más allá de toda duda razonable, los jueces sentenciaron al acusado a cumplir tres penas distintas:
- 5 años y un día de presidio por el delito de robo con violencia, correspondiente al asalto en la parcela.
- 3 años y un día de cárcel por el delito de tenencia de arma de fuego prohibida.
- 541 días de presidio por tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades.
De esta forma, el condenado deberá pasar más de nueve años tras las rejas por los delitos cometidos tanto en la pampa como en el sector costero de la región.
