Las bancadas del Frente Amplio, PS, PC, DC, PPD y Partido Liberal firmaron una declaración conjunta exigiendo la salida del titular de Justicia tras la entrega de beneficios a condenados por abuso infantil y violaciones a los derechos humanos. Los parlamentarios apuntaron directamente al Mandatario, acusando una respuesta «tardía, insuficiente e irresponsable» por parte del Ejecutivo.
El anuncio de congelar los decretos no logró calmar los ánimos en el Congreso. La oposición unificada dio un paso al frente y exigió al presidente José Antonio Kast la remoción inmediata del ministro de Justicia, Fernando Rabat, escalando al punto más crítico la polémica por las rebajas de condena otorgadas a abusadores sexuales de menores y a rematados por crímenes de la dictadura.
En un hito de coordinación parlamentaria, los equipos de los partidos de oposición formalizaron el emplazamiento al Mandatario y confirmaron el inicio de los trabajos redactores para presentar una acusación constitucional contra el secretario de Estado.
«Él no es un observador, es el jefe de gobierno»: el duro emplazamiento a Kast
A través de una declaración pública conjunta, los bloques parlamentarios del Frente Amplio, el Partido Socialista, el Partido Comunista, la Democracia Cristiana, el PPD y el Partido Liberal le rayaron la cancha al Ejecutivo. La oposición fue tajante al señalar que la responsabilidad política de esta crisis salpica directamente a la cumbre del Gobierno.
“Él no es un observador, es el jefe de gobierno. Si el ministro Rabat está en el cargo fue porque el presidente lo nombró. Por eso, exigimos al presidente Kast que remueva al ministro Fernando Rabat de su cargo. Hasta ahora, la respuesta del gobierno ha sido tardía, insuficiente e irresponsable, además de errónea jurídicamente. Es momento de hacerse cargo”, sostuvieron las bancadas en la misiva.
La suspensión de decretos no aplacó la molestia del Congreso
El endurecimiento de la postura opositora se dio solo horas después de que el propio Ministerio de Justicia intentara contener el incendio anunciando la suspensión total en la tramitación de los decretos de rebaja de penas. Desde La Moneda anunciaron además que enviarán proyectos con discusión inmediata para cerrar el «vacío legal» que permitía beneficiar a sentenciados por delitos sexuales cometidos antes de 2022.
Sin embargo, el freno parlamentario llegó tarde. Para los diputados y senadores de oposición, el reconocimiento de ese vacío legal derrumbó la estrategia de defensa inicial impulsada por el ministro Rabat, quien hasta hace un par de días aseguraba que conceder las rebajas era un mandato inevitable dictado por la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Revelaciones destapan 56 decretos para agresores y rebajas a exagentes de la CNI
La tormenta política estalló luego de que saliera a la luz que la actual administración firmó 56 decretos que beneficiaron a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes: 27 por abuso sexual y 29 por violación. A esa cifra se sumaron tres decretos que favorecieron a rematados por secuestro calificado y torturas, incluyendo a internos del penal de Punta Peuco.
Entre los documentos más controvertidos figura el decreto que le descontó 19 meses de pena a César Acuña Luengo, exagente de la Central Nacional de Informaciones (CNI) condenado por la desaparición forzada de cinco personas en 1987.
Fallos de la Suprema desmienten el blindaje legal del ministerio
El argumento central del ministro Rabat apuntaba a que la reforma de febrero de 2022 —que prohibió estos beneficios— no se podía aplicar hacia atrás. No obstante, revisiones a causas recientes demostraron que el máximo tribunal del país ha respaldado en distintas ocasiones la negativa de otorgar el beneficio a delitos cometidos antes de 2022.
Ese antecedente derrumbó la postura de Justicia, demostrando que firmar los decretos no era la única alternativa legal disponible. La oposición acusa ahora que la falta de rigurosidad técnica y la omisión de criterios de protección a las víctimas justifican plenamente el libelo acusatorio para destituir a la autoridad.
Acusación constitucional en marcha mientras persisten las dudas
Mientras los equipos jurídicos de la oposición afinan el texto de la acusación constitucional, en el Congreso exigen respuestas concretas que el ministerio aún no entrega. Hasta ahora, el Gobierno no ha aclarado si la suspensión dejará sin efecto las 56 rebajas ya concedidas, ni tampoco ha explicado cuál es la herramienta jurídica exacta utilizada para congelar los trámites.
Con el fantasma de la destitución parlamentaria rondando el gabinete, la pelota queda ahora en la cancha del presidente José Antonio Kast, a quien la oposición presiona para cortar por lo sano y pedirle la renuncia a su ministro de Justicia antes de que el conflicto ingrese de lleno a la sala de la Cámara de Diputados.
