La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez remitió los antecedentes al Ministerio Público tras detectar que Lucrecia Mena habría realizado actividades políticas y comerciales mientras presentaba reposo obligatorio entre 2022 y 2024. El organismo busca recuperar los subsidios cancelados y la PDI ya está a cargo de las primeras diligencias.
La Fiscalía Local de Iquique abrió formalmente una investigación penal en contra de la seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Tarapacá, Lucrecia Mena Acosta. La acción judicial nace a raíz de una denuncia interpuesta por la propia Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) de la región, organismo que detectó serias anomalías en el uso de licencias médicas emitidas a favor de la autoridad entre los años 2022 y 2024.
Los hechos indagados se habrían registrado en el periodo en que Mena se desempeñaba como funcionaria del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), previo a su nombramiento al mando de la cartera regional.
Rechazan 18 licencias por realizar labores comerciales y políticas en periodo de reposo
La fiscalización encabezada por la Compin no solo destapó las irregularidades, sino que derivó en la cancelación y rechazo directo de 18 licencias médicas tramitadas por la actual seremi. De acuerdo con los antecedentes del caso, la autoridad habría vulnerado de forma reiterada la obligación de guardar reposo médico prescrito por profesionales de la salud.
Durante las revisiones operativas, el organismo técnico constató que la investigada mantuvo participación activa en eventos políticos, tareas dirigenciales y gestiones comerciales precisamente durante las jornadas en que cobraba el subsidio por incapacidad laboral.
Compin busca la restitución de platas públicas y acude al Ministerio Público
Frente a la gravedad de los hallazgos, la presidenta de la Compin en Tarapacá, Cleopatra Delgado, instruyó las acciones legales y administrativas inmediatas para exigir la devolución íntegra de los subsidios pagados con fondos del Estado.
Asimismo, Delgado despachó el oficio remisor a las autoridades judiciales al considerar que las conductas detectadas sobrepasan una infracción administrativa común. La institución sostiene que el cobro sistemático de remuneraciones y beneficios estatales de manera paralela al desarrollo de actividades lucrativas o partidarias configuraría el delito penal de fraude de subvenciones.
Causa pasa a Iquique y la PDI queda a cargo de las pericias
En un inicio, los antecedentes del caso ingresaron a la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente en la Región Metropolitana. Sin embargo, tras analizar la competencia territorial de los hechos, ese organismo derivó la causa a la Fiscalía Regional de Tarapacá.
Desde la fiscalía regional confirmaron que el expediente quedó radicado definitivamente en la Fiscalía Local de Iquique, unidad que coordinará las órdenes de investigar junto a personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI). Hasta el momento, el Ministerio Público aclaró que el caso se mantiene en estado desformalizado, por lo que no se han formulado cargos judiciales formales en contra de la seremi.
