Dos decretos firmados bajo la gestión del ministro Fernando Rabat beneficiaron a reos del penal de Til Til sentenciados por violaciones a los derechos humanos. El hallazgo amplía el impacto político tras la polvareda que levantaron las 56 reducciones de pena concedidas a condenados por delitos sexuales contra menores.
La tormenta sobre la cartera de Justicia sumó un capítulo de alto impacto. Documentos oficiales revelaron que el Ministerio de Justicia otorgó reducciones de pena a internos que cumplen sentencia en el Centro de Detención Preventiva de Til Til, conocido como Punta Peuco.
Los decretos benefician a condenados por dos de los delitos más gravosos en materia de derechos humanos: un caso de secuestro calificado y otro de tortura. A estos se suma un tercer decreto por secuestro calificado, aunque los antecedentes revisados no especifican aún el recinto donde el favorecido cumple su condena.
Un procedimiento bajo sospecha y sin nombres sobre la mesa
La Ley 19.856 permite recortar los plazos en prisión a quienes demuestren un comportamiento sobresaliente y cumplan los requisitos legales. El proceso arranca en Gendarmería, pasa por una Comisión de Reducción de Condenas y llega a la Seremi, para terminar con la firma del ministro bajo la fórmula «Por orden del Presidente de la República».
El problema es que la información oficial guardó reserva total sobre la identidad de los favorecidos. El oficio de la Subsecretaría de Justicia no detalla los nombres de los internos de Punta Peuco, los meses descontados ni los informes que respaldaron la decisión. Tampoco se aclara si las víctimas o sus familias tuvieron algún tipo de consideración durante la evaluación.
La versión de la cartera frente a los cuestionamientos
Desde el Ministerio de Justicia defienden la firma de los documentos asegurando que la autoridad se limita a aplicar la normativa vigente cuando un postulante cumple los requisitos formales. El titular del ministerio, Fernando Rabat, ha respaldado la entrega de estos beneficios amparándose en la jurisprudencia de los tribunales.
Sin embargo, las dudas no hacen más que multiplicarse. Revisiones a fallos de la Corte Suprema demuestran que el máximo tribunal ha respaldado en diversas ocasiones la negativa a entregar estos beneficios, lo que desarma el argumento de que el Gobierno estaba obligado a firmar las rebajas de pena.
La crisis política que salpica al Ejecutivo
Este hallazgo reabre una herida profunda en medio de la contingencia. El flanco ya estaba abierto por los 56 casos de condenados por abusos sexuales contra menores que recibieron reducciones de condena, una situación que generó críticas transversales de diversos sectores políticos.
Con la confirmación de los decretos en Punta Peuco, la presión se traslada de lleno sobre el ministro Fernando Rabat. La exigencia es una sola: transparentar cuánto tiempo de pena se les perdonó a los condenados por derechos humanos y qué antecedentes técnicos justificaron firmar esos beneficios.
