Integrantes del sistema judicial, municipios y organismos de la región se reunieron en Alto Hospicio para analizar los desafíos que trae la nueva ley que moderniza la asistencia legal gratuita y la protección especializada para quienes enfrentan delitos y vulnerabilidades.
Las coordinaciones interinstitucionales buscan afinar los engranajes del sistema en la región de Tarapacá. Para cumplir con ese objetivo, el Comité de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte de Apelaciones de Iquique organizó una intensa jornada de capacitación enfocada en conocer los detalles y los desafíos prácticos que trae consigo el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas.
La actividad se desarrolló en las dependencias del tribunal de Alto Hospicio y se inserta dentro de la programación anual del Convenio Interinstitucional del Tribunal Transversal e Intercultural para Materias de Género (TTIPG). Esta plataforma reúne activamente a doce instituciones, tres municipios de la zona y tribunales con competencia en familia y penal, apostando por una red de trabajo coordinada y colaborativa.
El rol del convenio y la mirada desde la judicatura local
El encuentro estuvo encabezado por el juez coordinador del convenio, Mauricio Chía, quien guio las reflexiones en torno a la necesidad de comprender las nuevas reglas del juego institucional. El magistrado valoró que la actividad se descentralizara y llegara directamente a los distintos tribunales de la jurisdicción, permitiendo que los equipos locales y las personas usuarias manejen de primera mano las herramientas que entrega la nueva ley, especialmente en casos vinculados a la violencia de género.
La exposición inicial estuvo a cargo de la directora general de la Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá y Antofagasta, Carolina Fernández. La autoridad profundizó en los objetivos, los componentes de trabajo y las líneas de acción de la nueva entidad, explicando cómo cambiará el panorama para la asesoría jurídica gratuita y la representación de víctimas de delitos.
Nuevas funciones, mediación familiar y el programa Mi Abogado
La implementación de este servicio trae modificaciones profundas en la estructura de atención pública. Durante la jornada también expuso la coordinadora del Programa Mi Abogado, Andrea Aillón, quien detalló los perfiles de atención y los ámbitos específicos de intervención que maneja esta iniciativa en la protección jurídica especializada.
Entre los ejes principales que aborda la nueva institucionalidad destacan la administración del sistema de mediación familiar, la promoción de mecanismos colaborativos para resolver conflictos y el acompañamiento legal directo a personas que no cuentan con los recursos económicos para costear una defensa particular.
Un cierre marcado por el intercambio de experiencias
El encuentro finalizó con un espacio abierto de preguntas e intercambio de reflexiones entre las y los asistentes. Jueces, funcionarios y representantes de las distintas entidades firmantes del convenio aprovecharon la instancia para debatir sobre las implicancias prácticas que tendrá la ley en el trabajo diario de los tribunales de la región.
Hay que recordar que el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas quedó formalmente establecido tras la promulgación de la Ley N° 21.780, la cual fue firmada el 6 de noviembre de 2025 y publicada en el Diario Oficial el 13 de noviembre del mismo año, abriendo un nuevo capítulo para la asistencia legal del Estado.
