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ALCALDES DE IQUIQUE Y PICA LLEVAN CRÍTICO DIAGNÓSTICO DE TARAPACÁ AL CONGRESO EN INFORME DE ZONAS EXTREMAS

Los ediles Mauricio Soria e Iván Infante expusieron de frente en la Cámara de Diputadas y Diputados los graves nudos críticos que asfixian a la región. El documento, entregado formalmente a la Subdere, detalla el rezago portuario frente a Perú, la crisis agrícola por la mosca de la fruta, el descontrol en la frontera de Cancosa y la falta de dotación policial real en la provincia del Tamarugal.

Un duro radiograma sobre las urgencias de Tarapacá llegó directamente hasta las dependencias del Congreso Nacional. Los alcaldes Mauricio Soria e Iván Infante expusieron de forma cruda los nudos críticos que ahogan a Iquique y Pica, dejando al descubierto el severo atraso portuario frente a Perú, la catástrofe agrícola por la mosca de la fruta y la falta de presencia policial real en la provincia del Tamarugal.

Iquique en alerta por la avanzada portuaria de Perú y trabas en Zofri

En su intervención ante la comisión, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, lanzó una dura advertencia sobre el futuro económico regional. Soria dejó en evidencia que Chile está perdiendo la carrera comercial frente al megaproyecto del puerto peruano de Chancay y el avance del Corredor Bioceánico de Capricornio en Paraguay, Brasil y Argentina, debido a la falta de una estrategia portuaria y de accesos viales coordinados desde el nivel central.

El jefe comunal iquiqueño apuntó directamente a la burocracia que frena la infraestructura clave. «La concesión del Puerto de Iquique expira en 2030 y la ampliación de 105 metros solicitada acumuló más de diez años de trámites», enfatizó, recordando que la profundización del Sitio 4 sigue pendiente desde 2011. Además, solicitó al Estado comprar el 27% de las acciones privadas de Zofri S.A. antes del fin de la concesión para rediseñar el terreno como un gran parque industrial y tecnológico, sumado al financiamiento de un antepuerto logístico, un tercer acceso vial norte y el impulso a una macrourbanización de más de 5.000 viviendas diseñada por el arquitecto Alejandro Aravena.

La crisis agrícola en Pica y el descontrol en la frontera con Bolivia

Por su parte, el alcalde de Pica, Iván Infante, expuso la dramática situación que viven los agricultores de Pica y Matilla por el brote de la mosca de la fruta. Infante solicitó declarar zona de catástrofe agrícola para ir en auxilio de los productores, quienes se ven obligados a enterrar o quemar cosechas enteras de limón de Pica, mango y guayaba, exigiendo activar de inmediato el seguro de 800 pesos por kilo que el Ejecutivo no ha puesto en marcha.

A la plaga agrícola se suma la vulnerabilidad en el límite internacional. El edil denunció que la feria ancestral de Cancosa se transformó en un centro masivo de contrabando de fruta y tecnología desde Bolivia sin fiscalización del SAG ni de Aduanas, acusando además una dotación policial ficticia donde de 19 plazas nominales de Carabineros solo quedan entre 3 y 8 efectivos operativos por licencias y traslados a Pozo Almonte o La Tirana. Por último, criticó que Bienes Nacionales intente vender a precio de mercado terrenos que pequeños agricultores han cultivado por décadas.

Subdere recibe el dossier con las demandas de las comunas extremas

Las intervenciones de las autoridades tarapaqueñas quedaron plasmadas en el dosier final del Ciclo de Audiencias Territoriales, entregado por la comisión parlamentaria al subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa. El documento sistematizó la voz de 26 alcaldes desde Putre hasta Cabo de Hornos, identificando cinco grandes problemas transversales: aislamiento, salud rural sin especialistas, viabilidad de servicios básicos, falta de regularización de suelos y despoblamiento sumado a inseguridad.

Tras recibir el informe, el subsecretario Figueroa se comprometió a abordar las urgencias planteadas por los jefes comunales en el marco de la discusión del Presupuesto 2027. Las autoridades de la zona esperan que estos compromisos se traduzcan en soluciones presupuestarias reales y no queden archivados en las oficinas de la capital.

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